El indignante descubrimiento desata un escándalo de proporciones en Salta, donde más de 200 empleados públicos son objeto de una investigación liderada por un fiscal federal. La mira está puesta en el presunto cobro indebido del beneficio otorgado por el plan social Potenciar Trabajo, diseñado para asistir a personas en situación de alta vulnerabilidad.

La Unidad Fiscal Salta, bajo la dirección del fiscal federal Ricardo Toranzos, inició estas diligencias el 26 de diciembre pasado. El objetivo principal es verificar la situación de los empleados públicos de la provincia que, según fuentes del Ministerio Público Federal, habrían recibido pagos de manera irregular.

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La investigación preliminar surge como resultado de las actuaciones del fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional 9, Guillermo Marijuan, quien evidenció posibles irregularidades en el cobro del plan social mencionado por parte de empleados del sector público.

Bajo la gravedad de la calificación de defraudación a la administración pública, se han tomado diversas medidas para esclarecer las incompatibilidades entre los empleados y los pagos recibidos a través del plan Potenciar Trabajo. La sociedad observa con consternación la posible malversación de fondos destinados a quienes más lo necesitan.