El Gobierno inicia exhaustiva revisión de pensiones por invalidez laboral en Argentina

En un esfuerzo por combatir el fraude y garantizar la integridad del sistema de seguridad social, el gobierno argentino ha iniciado una exhaustiva revisión de las pensiones por invalidez laboral otorgadas en los últimos años. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud, está llevando a cabo esta auditoría que abarca 400.000 beneficios en la provincia de Buenos Aires y 27.000 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Puede Interesarte:

Un saludo, un ataque con martillo y una causa por tentativa de homicidio en Mercedes

La decisión surge tras el descubrimiento de numerosas irregularidades en el proceso de asignación de estas pensiones. Diego Spagnuolo, director de la ANDIS, ha presentado una denuncia penal que actualmente tramita la fiscalía de Guillermo Marijuán. Entre los casos más insólitos, se encontró un expediente en el que se utilizó la radiografía de un perro para justificar una solicitud de pensión por discapacidad.

Las cifras son alarmantes: de un total de 1.250.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral, se estima que hasta 500.000 podrían haber sido otorgadas de manera fraudulenta. Un muestreo previo reveló que solo el 7% de los casos analizados cumplían con los requisitos establecidos por la ley.

El crecimiento exponencial de estas prestaciones también ha llamado la atención de las autoridades. Según Spagnuolo, entre 2003 y 2015, el número de beneficiarios pasó de 80.000 a más de un millón, un incremento sin precedentes incluso en países que han sufrido conflictos bélicos. Durante la presidencia de Alberto Fernández, esta cifra volvió a aumentar, alcanzando los 1.250.000 beneficiarios.

La auditoría parcial ha destapado una serie de irregularidades preocupantes. Se han identificado beneficiarios que no presentan invalidez laboral o discapacidad, incluyendo personas con bienes suntuarios como aviones y embarcaciones. Además, se detectaron incompatibilidades en aproximadamente el 35% de las pensiones otorgadas, ya sea por posesión de bienes, situación laboral o condiciones médicas.

Puede Interesarte:

Un nuevo espacio se organiza en Mercedes con respaldo a Kicillof y una apuesta local

El vocero presidencial, Manuel Adorni, denunció públicamente el desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas fraudulentas por un monto estimado de 3.400 millones de dólares. Este esquema de corrupción habría vulnerado gravemente los derechos de las personas con discapacidad, desviando recursos destinados a este sector vulnerable.

Spagnuolo ha enfatizado que el objetivo de esta revisión no es quitar beneficios a quienes realmente los necesitan, sino identificar y corregir los casos de fraude. “Buscamos dar transparencia al sistema para que las pensiones sean mantenidas y recibidas por quienes realmente lo necesiten y estén avalados por la ley”, afirmó el funcionario.

La auditoría se extenderá progresivamente a todo el país, incluyendo las casi 99.000 pensiones otorgadas en la provincia de Chaco. Entre los datos preliminares, se ha identificado que 100.000 niños cobran una pensión, 25.000 beneficiarios trabajan, y 30.000 extranjeros aún no han corroborado su condición de residencia.

Este proceso de revisión busca corregir las consecuencias de lo que las autoridades describen como una “flexibilización” en el otorgamiento de pensiones a partir de 2020. Se alega que, durante la presidencia de Alberto Fernández, se concedieron casi 300.000 pensiones por discapacidad laboral, muchas de las cuales podrían no cumplir con los criterios establecidos.

Puede Interesarte:

Mercedes prepara dos días de tradición, música y un cierre para bailar

La iniciativa del gobierno actual pretende restaurar la integridad del sistema de pensiones por invalidez laboral, asegurando que los recursos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan y cumplen con los requisitos legales. Este esfuerzo de transparencia y control busca proteger los derechos de las personas con discapacidad y garantizar una distribución justa de los recursos públicos.