Despidos masivos en la administración pública: el “Plan Motosierra” del Gobierno avanza implacable

Más de tres meses después de su investidura, el presidente Javier Milei persiste en su política de reducción del personal público. En los próximos días, podrían anunciarse cesantías de miles de empleados cuyos contratos no serán renovados.

Desde el inicio del año en curso, cada ministerio y organismo del Poder Ejecutivo ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de su nómina de empleados. Este proceso, que tenía un plazo de 90 días, está a punto de concluir, y cada área deberá presentar sus informes al Jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Sin embargo, será responsabilidad de cada organismo determinar cuántos de los contratos que expiran el 31 de marzo serán renovados.

Puede Interesarte:

Proponen reactivar el análisis municipal de triquinosis para prevenir un posible brote

En un contexto de ajuste fiscal, el Gobierno procedió este martes a la destitución de aproximadamente 900 personas que ocupaban diversos cargos en el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, así como en el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Ambas entidades han sido clausuradas, y la primera será convertida nuevamente en una Dirección Nacional, con el objetivo declarado de “ahorrar recursos públicos y restablecer las funciones del organismo”, según informó la Oficina del Presidente en un comunicado.

Queda por verse el destino de organismos similares, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio del Interior, cuyo titular, Guillermo Francos, ha ordenado una revisión completa de su personal. “Si no cumple una función clara, será objeto de revisión”, explicó un colaborador cercano a Milei.

Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ha manifestado su preocupación ante estas medidas y ha solicitado una reunión con la subsecretaria de Coordinación Administrativa de la Secretaría General de la Presidencia, Gladys Humenuk, sin obtener respuesta hasta el momento.

En una carta dirigida a las autoridades, la secretaria general del sindicato, Fabiola Mosquera, expresó su preocupación por el impacto económico y emocional de estas decisiones en los trabajadores de la Casa Rosada. Además, instó a un diálogo constructivo para abordar la situación.