ASUMIO LEON ARLANIAN COMO MINISTRO DE SEGURIDAD BONAERENSE

El flamante ministro de Seguridad anunció que enviará a la Legislastura un proyecto de ley para crear un nuevo “régimen escalafonario”, que permita “recompensar” el “liderazgo, la capacidad y la iniciativa”.

Señaló que se promoverán nuevas formas de ingreso a la Policía. Habrá una división antisecuestros y un área de narcotráfico. Dijo que promoverá un “fortalecimiento de las áreas de control del funcionamiento policial”.
El jurista León Arslanián asumió hoy como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con la promesa de responder al “clamor social” por combatir la inseguridad “con la ley”, y de no actuar “bajo presión”, al tiempo que anunció un profundo programa de reestructuración de la fuerza policial destinado a liberar a la fuerza de corruptos, hacer eficiente su labor y lograr así el restablecimiento de la confianza social en ella.
“La situación actual no cambiará de la noche a la mañana, pero lo lógico es empezar a cambiar a partir de mañana”, afirmó el flamante ministro, en un acto en el que el gobernador Felipe Solá también sostuvo que no efectuará “golpes de efecto” y pidió la “ayuda de los ciudadanos” para “derrotar la voluntad perversa de los delincuentes”.
En medio de una ola creciente de inseguridad con altísimos niveles de violencia, sobre todo en el conurbano bonaerense, Arslanián anunció la “descentralización” de la fuerza policial para vincularla directamente con los municipios; prometió una intensa reestructuración a través de una nueva Ley Orgánica de Personal de la policía y una fuerte “depuración” de la fuerza para separar y castigar a los corruptos y premiar a los buenos policías.
El ministro dijo que entre otras medidas, a partir de la sanción de esa nueva norma los policías no serán ascendidos meramente por su antiguedad, sino por sus méritos, y que también según ellos se mejorarán sus niveles salariales.
Dijo que se crearán nuevos grados, del séptimo al noveno, al que sólo podrán acceder los policías con formación universitaria, y anunció una jubilación de policías a partir de los 60 años con el “cien por ciento” de su sueldo como haber.
Señaló que con la mayor urgencia se tratará reformar el sistema de manera de poner fin a la “connivencia” de presos con policías, favorecida por la superpoblación de comisarías con detenidos, que, dijo, deberán ser trasladados a unidades penales.
También prometió atender las causas más profundas de la inseguridad, como la exclusión y la marginalidad social, a través de programas de urbanización de las crecientes villas de emergencia -focos de delinuencia- con la colocación de luminarias, la instalación de servicios adecuados y la colocación de vigilancia permanente.
Arslanión dijo que habrá una “policía de seguridad especial” independiente y que se incorporará material logístico y tecnológico que aporten las Fuerzas Armadas.
El flamante ministro consideró que la corrupción policial es actualmente “uno de los problemas más graves” que atraviesa la institución, por lo que prometió una fuerte “depuración” para “discriminar a los policías excelentes de los malos”, y estimó que si hubiera continuado la reforma que inició y quedó trunca en el 98, “hoy tendríamos una institución totalmente saneada”.
Por su parte, Solá declaró que “no quiero ser el gobernador de la seguridad” y aseguró que “vamos a recurrir al pueblo bonaerense, mediante la denuncia, para poner en la cárcel a los corruptos”.
Advirtió Solá que “el pueblo denuncia la corrupción y la ineficiencia policial, pero con la misma fuerza denuncia lo mismo en la Justicia, en el Servicio Penitenciario y en la política” al sostener que “no hay instituciones que no sean contaminadas con la corrupción”.
Arslanian reconoció que asume el cargo “en circunstancias particularmente difíciles, tanto o más” que cuando ocupó brevemente el cargo hace seis años.
Sostuvo que el “incremento de la violencia criminal en sus formas más pérfidas ha llevado a un estado de crispación social expresado en una clamorosa demanda por parte de una sociedad cautiva de una ola de violencia”.
Tras advertir que es consciente de que esa demanda está dirigida al Estado, central “responsable” de preservar la seguridad de los ciudadanos, señaló que “a más clamor, más ley y mayor sujeción a las normas y principios constitucionales y legales”.
Señaló que sus mayores esfuerzos los centrará en el ámbito policial para lo cual definirá un “modelo organizacional apto”, con “mandos funcional y territorialmente descentralizados y lo más próximo posible a los territorios en conflicto”.
Sostuvo que la “contrarreforma” policial iniciada en 1999 en la provincia, para deshacer la que él había anunciado un año antes, llevada a cabo en vísperas de las elecciones en que Carlos Ruckauf obtuvo la Gobernación, llevó al restablecimiento del “viejo orden burocrático centralizado de cuyas resultas hoy asoma la vieja policía”.
En consecuencia dijo que propondrá el “retorno al modelo organizacional descentralziado” junto a un “reordenamiento funcional del personal de las distintas policías”.
“Si este proceso se hubiese comenzado en ese momento (en 1998) “hoy tendríamos una Institución totalmente saneada”.
Admitió que “uno de los problemas más graves” de la policía es “la corrupción” cuyo origen, sostuvo, “es antiguo, pero fruto del modelo de organización autoritario, burocrático, autonómico, severamente agravado por el desquiciamiento moral” causado por la dictadura militar que llevó a la fuerza a la “ausencia de controles políticos y de todo otro tipo y por la connivencia política” con la policía.
Dijo que esos males no pudieron superarse aún, lo que está probado en la “continua constatación de la intervención de policías en la comisión de graves delitos, las serias sospechas acerca de la existencia de zonas liberadas o la cobertura dada a la actuación de malhechores”.
Señaló además que el “fenómeno de descomposición social” generado por la “promiscuidad” entre policías y delincuentes en las comisarías “debe ser remediado en el menor tiempo posible”.
Prometió que “los malos policías serán investigados y depurados y los buenos premiados” y que la Oficina de Asuntos Internos deberá servir “de una vez por todas a los fines que le son propios y el Poder Judicial deberá hacer lo suyo”.
Arslanian destacó la necesidad de controles externos a la fuerza policial, de la participación activa de la sociedad en esa misión y del análisis de la conflictividad social en todos sus aspectos, para lo cual volverá a funcionar el Grupo de Respuestas Múltiples con miembros del gabinete social y de las furezas de seguridad.
El ministro prmetió “rendir cuentas” de sus actos pero aseguró que no actuará “bajo presión” ni accionará con “improvisación” sino que lo hará mediante el “análisis reflexivo y diagnóstico cuidadoso del estado de la policía y el nivel del crimen”.
“Me preocupa más la pertinencia de las medidas que su carácter ostentoso y su espectacularidad”.
Concluyó señalando que desea “ser franco y honesto, a riesgo de quebrar la ilusión” y afirmar: “La situación actual no cambiará de la noche a la mañana, pero sería un logro si consiguiésemos que empezase a cambiar a partir de mañana”.

Fuente: Diario Hoy