Una semana clave para la tensión social en la Provincia de Buenos Aires

. En la última semana existió preocupación entre los funcionarios provinciales por la multiplicación de las marchas y manifestaciones. A pesar de que los medios nacionales ubicaron en un sitio preferencial de la agenda temática a las protestas originadas en los barrios de la Capital Federal, durante los últimos diez días los principales focos de tensión se presentaron en territorio bonaerense.

Los sucesos de Junín constituyeron una muestra descarnada del reproche indiscriminado que se materializa en cada cacerolazo. La protesta se presentó en la mayoría de los distritos de la provincia: La Plata, Necochea, Pehuajó, Mar del Plata, Tandil o los municipios del Conurbano, todos fueron escenario de protestas álgidas. En esas asambleas populares se levantó la voz contra el poder político, ya sea para reclamar que funcionarios municipales se bajen los sueldos; para rechazar la presencia de algunos intendentes o para exigir la entrega de bolsas de alimento.

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Una de las primeras reacciones del gobierno de Felipe Solá fue entregar un talonario con vales que permitirán a los beneficiarios del Plan Vida comprar alimentos que se sumarán al medio litro de leche por semana que venían recibiendo. Se entregarán vales por un valor de 20 patacones por mes. “No es la solución al problema alimentario, pero ayudará”, admitió el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Mariano West.También se definió la implementación de un nuevo programa, conocido como “Jefes de Hogar”, con apoyo de la Nación.

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Lo cierto es que en los últimos diez días, el Gobierno provincial aceleró la ronda de reuniones con intendentes y dirigentes de la oposición. En todos los encuentros estuvo presente el análisis de la situación social y se expuso la preocupación por los estallidos sociales. El propio gobernador le recomendó a la población tener cuidado con la concurrencia a las manifestaciones como el “cacerolazo nacional” ante la posibilidad de que haya activistas entrenados para generar disturbios.

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“Hay una fina línea entre la protesta legítima y los desbordes”,

enfatizó.De todas maneras, buscó el equilibrio necesario frente al problema cuando aseguró que “no habrá impunidad en el caso de la agresión a un manifestante en Junín, que obligó a la detención del hijo de la diputada Rubini.

AJUSTE EN LA PROVINCIA

Es lógico que en la provincia exista tal preocupación por la candente

situación social: el Ejecutivo necesita que en lo que queda del verano se defina el Presupuesto General de Recursos y Gastos para el 2002, que este año vendrá con una sustancial reducción (quizás más de 2000 millones de pesos menos que el ejercicio del 2001), lo que significará recortes en áreas claves del gasto público.

Esa discusión comenzará a darse esta semana que comienza con la reforma al régimen laboral de los docentes. Uno de los cambios que introducirá la Legislatura, con mayoría justicialista, es la eliminación del beneficio de la desfavorabilidad y cambios en el sistema de licencias. Los gremios docentes ya adelantaron su oposición y anunciaron que habrá “escraches” contra los legisladores que estén dispuestos a votar la ley. Además se anunció que no comenzarían el ciclo lectivo.

El cambio de la desfavorabilidad representará una importante disminución salarial para los docentes, porque dejarán de percibir un aporte diferencial por la categorización de aquellas escuelas ubicadas en zonas marginales o de riesgo.

La mayoría de los reclamos podrían atenuarse con recursos, pero no los hay. La dirigencia política se encuentra muy deteriorada como para tener éxito en el pedido de paciencia. Hasta los jefes comunales más “Exitosos” como puede ser Abel Miguel son objeto de presiones muy fuertes, con puebladas que se agravan a medida que pasan las horas.

La Provincia no termina de cancelar sus deudas con los municipios; la

recaudación impositiva descendió estrepitosamente por la caída de la

actividad productiva y por el descontento de la población; y se demora una profunda transformación del Estado.

Muchos municipios adeudan sueldos y, según advirtieron los integrantes del Foro de Intendentes Radicales, no está lejos el fantasma del estallido. En una reciente reunión con el gobernador alguno de esos intendentes exitosos del radicalismo (por sus respaldos electorales y permanencia en el cargo) amenazaron con renunciar si el Ejecutivo no dispone el envío de partidas.

Además, los intendentes saben que a partir de este año se repartirá desde la Provincia alrededor de 150 millones de pesos menos.

Seguramente, al término de las ajetreadas jornadas, cuando la tranquilidad de la noche lo encuentra en su residencia degustando un puro, Felipe Solá piense en el funcionario que le arrojó esta brasa caliente que es la Provincia de Buenos Aires. Ese hombre que se prepara a recorrer las grandes capitales, para convencer a funcionarios y empresarios que Duhalde tiene un plan económico “sustentable”. Ese hombre, que podría convertirse en el primer gobernante argentino en recibir un cacerolazo de repudio en

tierras extranjeras, si prospera una protesta que se organiza en Madrid, en apoyo al pueblo argentino