Suspende más de 110.000 pensiones por irregularidades y apuntan a un esquema de corrupción

El gobierno nacional volvió a activar controles rigurosos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), lo que derivó en la suspensión de más de 110 mil pensiones por invalidez laboral consideradas mal otorgadas. Así lo comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien además informó la baja de otras 8.107 pensiones por fallecimientos y 10.038 por renuncias voluntarias.

Esta auditoría reveló irregularidades graves, con casos llamativos donde se detectaron documentos médicos idénticos presentados en diferentes expedientes, como radiografías y ecocardiogramas repetidos para justificar el derecho a la pensión.

Desde el gobierno vinculan esta problemática a un entramado de corrupción que se remonta a los años de la administración de Néstor Kirchner. Según Adorni, el mecanismo para otorgar pensiones irregulares no es nuevo ni aislado, y se remiten a casos emblemáticos, como el de Chaco, donde se habría utilizado la misma radiografía para justificar 150 pensiones diferentes durante gestiones anteriores.

El vocero detalló que se estima un desvío anual de alrededor de 1.000 millones de dólares debido a esta operatoria fraudulenta, que implica un gasto injustificado para el Estado y compromete la sostenibilidad del sistema. Entre 2003 y 2015, bajo los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, las pensiones no contributivas por invalidez laboral crecieron de 79.000 a más de un millón, cifra que bajó levemente durante el gobierno de Mauricio Macri para luego repuntar y superar los 1.222.000 beneficiarios en diciembre de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández.

Estas cifras refuerzan la denuncia de un crecimiento descontrolado y poco transparente de este sistema de pensiones, que ha sido objeto de cuestionamientos y ahora se intenta revertir mediante auditorías exhaustivas. El gobierno actual sostiene que la limpieza de esta situación es imprescindible para garantizar recursos a quienes realmente lo necesitan y preservar la integridad del sistema de asistencia social.

La iniciativa de suspender estas pensiones se enmarca en un esfuerzo por frenar el uso indebido de fondos públicos y apunta a sentar un precedente sobre la responsabilidad en la administración de recursos destinados a personas con discapacidad o invalidez laboral, en un contexto donde la transparencia y el control resultan prioritarios.