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    SIGUEN EN LA BUSQUEDA DE LA TASA DE SEGURIDAD

    LUJAN - Atentos a la oposición manifestada el lunes en el Concejo, el gobierno de Miguel Prince trató de conseguir apoyo para la creación de la tasa de seguridad. El miércoles vino el intendente de General Rodríguez y habló de su experiencia.
    05.11.2002 [+]

    La presentación de un plan de trabajo conjunto para dar más seguridad a la zona rural cercana a la ruta 47 fue la excusa perfecta para que el intendente municipal Miguel Prince consiguiera respaldos explícitos a su polémico proyecto de creación de un Fondo de Seguridad Ciudadana.

    Dos días después del escándalo en el Concejo Deliberante que obligó a la suspensión del tratamiento del tema y de la sesión, en el Palacio Municipal se reunieron jefes policiales de la zona, el intendente Prince y sus colegas de Las Heras, Juan José González, y de General Rodríguez, Oscar Di Landro. Además, concurrieron representantes de ARPAE y de la sociedad de fomento de Cañada de Arias. Todos -menos la Policía y González, que guardaron silencio- manifestaron el apoyo al Plan Integral de Seguridad y su Fondo de Seguridad Ciudadana.

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    Di Landro, directamente, habló como un experto en el control de la seguridad urbana, aunque la realidad exponga otros datos Apoyado en una pregunta sobre “¿cómo solucionó el problema de la seguridad en Rodríguez?”, el intendente vecino dijo: “No puedo decir que lo solucioné, pero por lo que se vive en Luján, aplicar una tasa que ayudaría a la policía en el financiamiento para arreglar vehículos, debería ser aprobada. En General Rodríguez nos ha servido muchísimo”.

    Con Prince a su lado, su par de Rodríguez dijo que “hace cuatro, cinco o seis años que tengo en aplicación una ordenanza similar. Se reúnen fondos que son manejados por el Municipio y la policía sólo presenta boletas con gastos. Yo les suministro el dinero. Y eso permitió que en los últimos años, con fuerte incremento de la inseguridad y los delitos, se logre financiar lo que, evidentemente, el Ministerio de la Provincia no llega a cubrir”.

    “La Policía, con una caja chica de 600 pesos, no puede financiar el movimiento de las patrullas -aseguró el jefe comunal vecino-. Además, hay que tener en cuenta que el litro de gasoil antes costaba 40 centavos y ahora sale 1.40. Esta diferencia alguien la tiene que pagar. Estos temas se resuelven teniendo el financiamiento suficiente. Más policías significan más dinero”.

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    “Me parece contradictoria la oposición a instrumentar una tasa en la que ni siquiera se va a perjudicar a las personas de menores recursos, sino que muy por el contrario, también tendrán más vigilancia. Sin dinero, sin recursos, no se puede ser más efectivo”.

    “NADA SE HACE SIN RECURSOS”
    Entusiasmado en la defensa del proyecto del gobierno lujanense, Di Landro señaló que “hay que entender que todos los actores sociales somos responsables de la situación actual, por más que se apunte a las autoridades políticas. En nuestro caso, hay una responsabilidad moral y no tenemos otra manera de obtener fondos que no sea con una tasa. Es nuestro único elemento de recaudación”.

    “Nosotros aplicamos una tasa que es alumbrado, barrido, limpieza y conservación de la vía pública, para dar esos servicios. Y si queremos seguridad, tiene que existir otra tasa”. También aclaró que los municipios y la Provincia están recaudando menos del 30 por ciento. “Y cualquier persona puede hacerle un juicio a la Municipalidad, porque el pago de una tasa es por objetivo o servicio cumplido”.

    A modo de síntesis, añadió: “Esto sólo se puede empezar a arreglar con el principio de justicia social. Los que tienen más, que paguen más. Eso se plantea en la tasa que quiere aplicar Luján”.

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    El otro “ingrediente defensor” que mencionó Di Landro fue “la desaparición de las cooperadoras policiales, lo que restó poder material a la policía. Cubrían espacios y muchas veces se hacían cargo del combustible y otras cosas”.
    “Igual no quiero estar en las pantalones de Miguel, aunque me parece bien que las asociaciones lo apoyen. Es una decisión política muy fuerte, muy difícil, pero sin recursos no podrán hacer nada”, concluyó.

    - ¿En Rodríguez, con recursos, cuáles fueron los resultados conseguidos?, preguntó EL CIVISMO.
    - “El comisario es quien tiene las estadísticas. Ehhh, pero creo que no es el caso hablar de General Rodríguez”, esquivó Di Landro.

    OBLIGACION “MORAL”
    Luis Andreu, de la sociedad de fomento de Cañada de Arias, también se subió al tren de la defensa del proyecto. “Lo que pasó el lunes en el Concejo fue un lamentable incidente. Este fue un método de patotas, que vienen a impedir que los legisladores elegidos por el pueblo traten los temas que, en algunos casos, han sido consensuados entre muchas instituciones que trabajamos con esfuerzo y hasta con disidencias”.

    “A nosotros nos molesta y preocupa que no se hayan dejado expresar cuáles son los fundamentos de la iniciativa, como por ejemplo que los consumidores menores de energía eléctrica están exentos del pago de la tasa”, dijo el fomentista y productor agropecuario.

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    Por su situación personal, ajeno por completo a la realidad social y económica que atraviesan muchos lujanenses, Andreu agregó que “incluso superando lo que propone la ordenanza en discusión, Cañada de Arias quiere la participación activa de los vecinos en la conformación de pequeños consorcios zonales de seguridad donde productores rurales asuman el pago de vigiladores, sin armas, que recorran la ruta permanentemente y un sistema de comunicación que ayude a la rapidez policial”.

    Por último, Prince se refirió a su plan, insistiendo en la obligación “moral” de hacer algo. “Hubo en la reunión de hoy una coincidencia unánime: todas las acciones que se proponen no son obligaciones formales, porque si uno se atiene al texto de la Constitución Provincial, salud, educación y seguridad son obligaciones de la Provincia. Pero nosotros lo sentimos como una obligación moral. Hoy la seguridad aparece como punto número uno en el reclamo de todos los sectores sociales y no podemos ser indiferentes”.

    “Hay que comprometerse, buscar alternativas y, por supuesto, presionar a la Provincia. Acá las divisiones no sirven y hacen que no estemos a la altura de lo que reclama la gente. Tenemos que asumir responsabilidades”.
    Según el intendente local, “lo más cómodo para las autoridades municipales sería patear la pelota para arriba y deslindar responsabilidades. Especulativamente también sería más oportuno. Pero sabemos que la Provincia no tiene todas las soluciones y la gente está pidiendo ya iniciativas y compromiso de las autoridades municipales”.

    “Acá se presentó una alternativa, se trabajó durante días, participaron instituciones y se debatió con consenso y disenso. Se diseñó el Plan, que contemple un Fondo y también un Consejo Permanente para la inclusión ciudadana y administración de los recursos. Esto le dará a la sociedad más legitimidad para controlar a la fuerza policial”, teorizó Prince.
    En la misma mesa, comisarios y subcomisarios de la zona escucharon y prefirieron no emitir sonido.

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