El pasado miércoles 19 de marzo se desató una controversia que involucra a dos miembros de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) de la Policía de Mendoza. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 23:30 horas en el barrio Quinta Los Olivos, ubicado en la zona de Vistalba, cuando una residente contactó al servicio de emergencias 911 para informar sobre una situación inusual que observó en un patrullero estacionado.

Según el testimonio de la denunciante, los uniformados se encontraban en una situación íntima dentro del vehículo oficial. La mujer aseguró haber documentado el incidente y manifestó su intención de presentar este material como evidencia ante las autoridades competentes.

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La investigación preliminar arrojó datos preocupantes que refuerzan la denuncia. El registro del sistema GPS del móvil policial confirmó que el vehículo permaneció estacionado durante aproximadamente 60 minutos. Adicionalmente, no se registraron comunicaciones con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) durante ese periodo, lo que incrementa las sospechas sobre las actividades realizadas por los agentes.

Al ser cuestionados sobre su presencia prolongada en el área, los oficiales argumentaron estar realizando tareas de “prevención”, sin proporcionar detalles adicionales. Esta explicación resultó insuficiente para sus superiores, considerando que no existían registros de intervenciones activas ni justificaciones válidas para la inmovilidad del vehículo durante tanto tiempo.

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Ante estos acontecimientos, la Inspección General de Seguridad (IGS) ha iniciado un sumario interno para esclarecer lo sucedido. Entre las medidas dispuestas se incluye la revisión exhaustiva de las grabaciones del CEO, un análisis detallado del recorrido GPS del patrullero, la toma de declaración formal a la denunciante y la evaluación del material fotográfico que podría corroborar la acusación.

Las consecuencias para los efectivos involucrados podrían ser severas. De comprobarse las acusaciones, enfrentarían desde sanciones administrativas que contemplarían suspensión temporal hasta la posible exoneración definitiva de la fuerza policial. Adicionalmente, podrían iniciarse acciones judiciales por utilización indebida de recursos estatales.

La investigación continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre la situación de los agentes implicados en este controvertido caso que ha sacudido a la institución policial mendocina.