PODRIAN DESCONTARLES LOS IMPUESTOS DE LOS RECIBOS DE SUELDO

Aportes sindicales y previsionales, cuotas de préstamos,alimentos y coseguros: estos son algunos de los conceptos que les descuentan a los empleados públicos bonaerenses de sus recibos de sueldos. En breve, podrían agregarse algunos descuentos más: los correspondientes a las cuotas de los impuestos Inmobiliario y Automotor de las casas, terrenos o vehículos a su nombre. La iniciativa, que funcionarios del ministerio de Economía y legisladores del justicialismo tienen en estudio, todavía no se hizo pública porque tiene que prestarse a consultas legales y técnicas: es que si se descontaran los tributos de manera compulsiva, muchos trabajadores con sueldos bajos o medios podrían presentar recursos ante la Justicia aduciendo que se estaría conspirando contra su propia supervivencia.
Por ese motivo, en una primera etapa se ofrecería a los trabajadores adherirse de manera voluntaria a un sistema de “débito automático” que incluya un descuento en el monto del impuesto a abonar. Luego, se avanzaría en un sistema compulsivo que incluiría a todos los trabajadores del Estado que ganen por encima de los 1.500 o 2.000 pesos.
El por ahora principal impulsor de este mecanismo de cobro de impuestos es el presidente de la comisión de Presupuesto del Senado bonaerense, Patricio García, quien aclaró que no piensa en afectar a los empleados que ganan “300 o 400 pesos” pero considera injusto que “algunos empleados cobren sueldos importantes y no paguen cada tres meses 40 pesos del Inmobiliario”. Una pregunta similar se hizo el legislador justicialista cuando, siendo intendente de Ameghino, propuso que las tasas municipales sean incluidas en facturas de servicios y las de los planes de vivienda en los recibos de sueldo de los empleados públicos del distrito. La implementación de esas iniciativas le valió algunas críticas pero le permitió tener un alto nivel de cobrabilidad.
La iniciativa de García y funcionarios de Economía se inscribe en una ofensiva en el área recaudatoria de la que no están exentos los empleados estatales, que serán intimados por la dirección de Rentas cuando adeuden impuestos correspondientes a más de tres propiedades inscriptas a su nombre. ¿Qué opinan los gremios de esto? El secretario gremial de Informática de UPCN, Jorge Sarno, señaló: “Todos los ciudadanos deben cumplir con sus obligaciones tributarias, pero existe un elemental principio de equidad, que sostiene que se debe cobrar más y primero a quienes más poseen”.
Sarno aseguró que los empleados cobran “hoy salarios que en promedio en muchos casos no superan los 100 dólares mensuales, y su capacidad de compra es la más baja que se tenga memoria”.
El sindicalista expresó que “así como los trabajadores de la Nación reclaman que se les restituya el 13 por ciento de los salarios, hay que recordar que en la Provincia, se redujeron este año 80 millones de pesos en concepto de horas extras y viáticos (que en realidad eran compensaciones salariales), se disminuyeron los sueldos de bolsillo entre un 10 y un 20 por ciento a partir de los 1200 pesos netos -950 de bolsillo-( ley 12.127) y se congeló el monto por antigüedad”.
Finalmente instó a los funcionarios si quieren aumentar la recaudación a que “evisen los inmuebles cuya valuación fiscal supera los 200 mil pesos, ejecuten a los morosos de los countries y facilite la gestión de cobro a los buenos contribuyentes”.
Algo de eso se está haciendo, según anunció el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya. El funcionario señaló: “Ya hay 523 casos de deudores del Inmobiliario con sentencia firme, y un 10 por ciento ya está con fecha de subasta, ya tiene martillero designado”. Y dijo que estos casos contemplan a contribuyentes con deudas de más de 100 mil pesos.
“En el caso de empresas, evitamos el remate para evitar agravar la situación de empleo, y pedimos intervención de caja y se retiene un porcentaje de la cobranza hasta pagar el impuesto”, aclaró Montoya. Y recordó que los administradores de countries y barrios cerrados tienen la obligación de infamar al gobierno sobre las mejoras realizadas por los propietarios de cada una de las parcelas.