Esta medida se mantendrá vigente hasta la finalización del próximo período legislativo, con la intención de garantizar la operatividad del tribunal, que actualmente cuenta con solo tres miembros.

Durante el tiempo que dure esta disposición, el gobierno continuará impulsando el proceso legislativo en el senado para la aprobación definitiva de los pliegos. en el comunicado oficial, el ejecutivo enfatizó que no permitirá que intereses políticos interfieran con la administración de justicia ni que obstaculicen el normal desarrollo institucional del país.

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En ese sentido, se resaltó que la Constitución establece de manera clara que la facultad de proponer jueces para la corte recae exclusivamente en el Presidente, mientras que el Senado debe limitarse a evaluar la idoneidad técnica de los candidatos. El gobierno advirtió que no corresponde a la cámara alta rechazar postulaciones basándose en criterios personales o políticos, ya que esa práctica fomenta la politización del poder judicial, uno de los principales factores que impide un servicio de justicia eficiente para la ciudadanía.

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En el comunicado, se recordó que en otras administraciones se llevaron a cabo designaciones en comisión sin resistencia significativa. se mencionó que tanto Néstor Kirchner como Mauricio Macri contaron con un amplio respaldo político al nombrar jueces para la corte en los primeros meses de sus gobiernos. Sin embargo, se cuestionó que la actual gestión no haya recibido el mismo trato y se denunció que la demora en la aprobación de los nombramientos perjudica el adecuado funcionamiento de uno de los tres poderes del estado.

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Como antecedente, se citó el caso de diciembre de 2015, cuando a solo cuatro días de asumir, Mauricio Macri designó por decreto a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como jueces de la Corte Suprema. La decisión se tomó poco después de la renuncia de Carlos Fayt y un año después de la salida de Raúl Zaffaroni, lo que había dejado al tribunal con apenas tres integrantes: Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Este procedimiento, similar al adoptado en la actualidad, fue aceptado en ese momento sin mayores objeciones políticas.