Marcha kirchnerista exige la renuncia de los jueces de la Corte

La marcha fue convocada por un juez: Juan Ramos Padilla, miembro de una Cámara de Apelaciones de la Justicia Penal Ordinaria. Y contó con el apoyo de sectores del Gobierno nacional, de dirigentes kirchneristas y del sindicalismo.

Ramos Padilla llegó abrazado a su derecha por Jorge Rachid, un médico y militante peronista que forma parte del Instituto Patria que presidente Cristina Fernández de Kirchner; y a su izquierda por Luis D’Elía, quien lidera el partido Miles, aliado del Gobierno.

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El juez, que forma parte de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, apuntó que la marcha comenzó a gestarse el 15 de diciembre, cuando un grupo de unos veinte magistrados le expresaron que querían manifestarse en contra de la Corte Suprema.

También se la vio en la manifestación a Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado y ex abogada de Cristina Kirchner. “La marcha es legítima en democracia y hay que escuchar lo que tiene la gente para decir”, dijo la letrada.

Cerca de las 18:30 se sumó el ex vicepresidente Amado Boudou, quien fue condenado a cinco años de prisión por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en la denominada causa Ciccone. Y atrás de él llegó el diputado oficialista Leopoldo Moreau.

En línea con el señalamiento del presidente Alberto Fernández, Peñafort apuntó que “es insuficiente” la conformación actual de cuatro miembros que tiene la Corte Suprema actualmente.

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El presidente Alberto Fernández había impulsado en 2020 un proyecto de ley para generar cambios en el Justicia federal, que Cristina minimizó al señalar que no se trataba de una reforma y Máximo Kirchner “durmió” en Diputados tras la media sanción del Senado.

Desde entonces el kirchnerismo aclaró que pretende una reforma profunda. Y, según reveló el senador Oscar Parrilli, la intención de la vicepresidenta es aumentar la cantidad de miembros de la Corte Suprema a nueve miembros.

“Los cuatro miembros solo construyen los consensos para erosionar al gobierno”, consideró en la marcha la abogada Peñafort y agregó: “En lugar de su función de control, que es el que tiene el poder judicial, juega a la política”.

Al asumir la presidencia, Cristina Fernández tenía cinco causas elevadas a juicio oral, aunque sobre varias de ellas ya obtuvo falta de mérito y sobreseimientos. La mandataria impulsa la teoría del “law fare” en la Argentina y denuncia como motor político a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri.

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Justamente, los manifestantes marcharon bajo la consigna “basta de Impunidad”, para exigir “el fin del lawfare” y por una “justicia nacional y popular”.

Dos de las columnas más importantes fueron aportadas por el sindicato de Camioneros, por impulso del cosecretario general de la CGT Pablo Moyano; y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que conduce el diputado nacional Hugo Yasky.

La Corriente Federal que lidera el bancario y también diputado oficialista Sergio Palazzo, y el gremio de Canillitas de Omar Plaini se hicieron presentes.

También se hizo presente el Frente Patria Grande, espacio en el que milita Juan Grabois. “Hace tiempo que tanto la estructura como la tarea de la Corte Suprema ha dejado de ser compatible con el funcionamiento de la democracia”, dijo en un comunicado difundido en la marcha.

Ramos Padilla arengó que se “reconstruya” el Poder Judicial para “igualar” a todos los ciudadanos dado que, según dijo, hoy se cometen “atropellos” contra algunas y se “encubre” a otras. Por eso, les pidió a los ministros de la Corte que “salgan de la cueva” y señaló que deben renunciar para que la “hipocresía” deje de reinar en Tribunales.

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El juez, único orador sobre el escenario en el acto, acusó a los integrantes de la Corte de responder a intereses de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.

Desde los despachos del presidente del tribunal Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz; y los jueves Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti no hubo respuesta alguna. Los ministros ni siquiera estaban en el edificio en el momento de la marcha.

Si bien la Corte no se expresó, las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país rechazaron a la marcha. “Expresamos nuestro más enérgico rechazo, manteniendo nuestra inveterada posición en contra de cualquier hecho atentatorio del sistema democrático y republicano de gobierno”, dijeron.

Y señalaron que “las constantes afrentas que por distintos medios ha recibido el Máximo Tribunal se orientan sistemáticamente a menoscabar la función jurisdiccional y la independencia del Poder Judicial, en exclusivo desmedro de la administración de justicia”.