Le levantaron el cepo a Ustarroz: aval del Concejo permite usar libremente fondos municipales

La modificación de una ordenanza sancionada en 2020 abrió la puerta para que el intendente Juan Ignacio Ustarroz disponga sin restricciones de fondos provenientes de la venta de un terreno industrial. Hasta ayer, esos recursos solo podían destinarse a proyectos de infraestructura o compra de tierras. Con la reforma avalada por la mayoría automática del oficialismo, se habilita también su uso para subsidios directos con fines sociales.

El caso que funcionó como disparador fue un pedido de ayuda económica por parte del cuartel de Bomberos Voluntarios de Gowland. El Ejecutivo municipal planteó que otorgar ese respaldo mejoraría la capacidad operativa de la institución y generaría un impacto comunitario positivo. Sin embargo, el nuevo texto aprobado por el Concejo ya no acota el uso a esa única situación: amplía el alcance del fondo a cualquier destino considerado socialmente justificado.

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En 2020, cuando la oposición tenía mayoría legislativa, se había introducido un artículo explícito para impedir que el dinero recaudado se desviara a gastos corrientes del municipio. Esa cláusula fue clave para garantizar transparencia y preservar el objetivo original: potenciar la infraestructura del Parque Industrial y elevar la competitividad local. Aquel resguardo normativo funcionó como una suerte de “cepo fiscal”, manteniendo el dinero bajo una órbita de uso controlado.

La comparación no pasó inadvertida. Justo el mismo día en que se levantó el cepo cambiario a nivel nacional, en Mercedes se liberó el acceso irrestricto a una caja millonaria. “Le levantaron el cepo a Ustarroz”, sintetizó una voz opositora en medio del debate. La sesión mostró una fuerte contraposición entre los cinco bloques opositores, que votaron en contra de la reforma, y el oficialismo, que con su mayoría garantizó la aprobación.

A pesar de que algunos sectores ven con buenos ojos la posibilidad de financiar proyectos con impacto social directo, la preocupación de los ediles opositores radica en la falta de mecanismos concretos de control. Advirtieron que la eliminación del límite legal vigente desde hace cinco años podría derivar en un manejo discrecional de los recursos. También cuestionaron que no se haya avanzado en la creación de un fondo específico o en la definición de criterios objetivos para evaluar cada caso.

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La decisión del Concejo no sólo modificó el destino de los fondos sino que reconfiguró el equilibrio institucional que los había protegido hasta ahora. En un contexto en el que el HCD ha pasado a contar con mayoría oficialista desde diciembre de 2023, la dinámica de control político también se transformó. Para muchos, el cuerpo legislativo ha dejado de ejercer su rol de contralor para convertirse en una escribanía del Ejecutivo.

El trasfondo no es menor. Si bien se argumentó que el dinero se aplicará a casos puntuales y con impacto positivo, la reforma permite que el Ejecutivo utilice recursos municipales sin pasar por nuevas autorizaciones específicas. Desde la oposición se alertó que esta decisión podría sentar un precedente riesgoso, habilitando desvíos en futuras gestiones sin los resguardos que antes impedían el uso arbitrario.

La sesión, que se presentó como un acto de solidaridad con los bomberos de Gowland, terminó siendo, para muchos, el punto final de un blindaje institucional que había sido construido para preservar fondos públicos de la discrecionalidad política.