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La fórmula que arrasó en 2011 con el 54% de los votos hoy carga con condenas judiciales

Cristina Kirchner y Amado Boudou, quienes encabezaron la fórmula presidencial del Frente para la Victoria hace poco más de una década, fueron condenados por corrupción con penas firmes.
10.06.2025 [+]

En 2011, Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou obtuvieron una victoria aplastante en las urnas. Con el 54% de los votos, inauguraron un segundo mandato con un fuerte respaldo popular. A catorce años de aquel triunfo, ambos enfrentan condenas penales firmes por hechos de corrupción cometidos durante su paso por la función pública.

La expresidenta fue condenada en la causa conocida como “Vialidad”, acusada de liderar un esquema de direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz que benefició de forma sistemática al empresario Lázaro Báez. El Tribunal Oral Federal N.º 2 la halló culpable de administración fraudulenta agravada y dictó una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ese fallo fue ratificado por la Cámara de Casación y, en noviembre de 2024, confirmado por la Corte Suprema de Justicia, que rechazó el recurso extraordinario interpuesto por su defensa.

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Amado Boudou, por su parte, recibió una condena de cinco años y diez meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por el caso Ciccone. La Justicia determinó que, siendo ministro de Economía y luego vicepresidente, intentó apropiarse de la imprenta encargada de emitir billetes, utilizando su posición para obtener beneficios indebidos. La Corte Suprema dejó firme esa condena en 2020. El exfuncionario ya cumplió parte de la pena y actualmente se encuentra en libertad condicional.

Ambos fueron figuras centrales del Frente para la Victoria y formaron parte del núcleo más cercano del kirchnerismo en su apogeo político. Sus condenas, hoy firmes y sin margen de apelación interna, marcan un antes y un después en la historia democrática reciente. No hay antecedentes en la Argentina de que una fórmula presidencial completa haya terminado con sentencias judiciales confirmadas por la Corte Suprema por delitos contra la administración pública.

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