Kicillof declara la emergencia económica pero crea nuevas estructuras como el INCAA bonaerense

La aprobación reciente de la Emergencia Económica en la provincia de Buenos Aires buscó instalar la idea de un escenario fiscal delicado que exige prudencia, ajustes y un uso más austero de los recursos públicos. Sin embargo, casi en simultáneo, la Legislatura sancionó la ley que crea un organismo provincial de fomento audiovisual, inmediatamente bautizado como el “INCAA bonaerense”, lo que volvió a abrir un debate incómodo para la administración de Axel Kicillof.

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El texto de la norma establece un fondo inicial de seiscientos setenta y cinco millones de pesos, junto con una estructura que incluye un servicio audiovisual provincial, espacios de exhibición y un entramado de programas de formación y profesionalización. En otras palabras, una ampliación del Estado provincial en un momento en el que se pide comprensión frente a la supuesta necesidad de restringir gastos.

La contradicción queda en evidencia al compararse con el marco nacional. Mientras la gestión de Javier Milei promueve un recorte profundo y un repliegue histórico del INCAA, la provincia avanza en sentido inverso, declara estratégica la actividad audiovisual y asigna recursos para sostenerla. La decisión fue presentada como una forma de proteger a un sector que considera motor productivo, pero ese argumento choca con la narrativa de urgencia económica que el propio gobierno provincial esgrimió para justificar la emergencia.

La dinámica legislativa también mostró señales de desgaste político. Pese a que el proyecto audiovisual obtuvo un amplio respaldo, se dio en paralelo a tensiones por la discusión del financiamiento del presupuesto. Ese contexto volvió más visibles las preguntas sobre prioridades y coherencia en el uso de herramientas extraordinarias.

El contraste entre el repliegue nacional y la expansión bonaerense funciona como capítulo de una disputa ya conocida entre dos modelos de gestión y de intervención estatal. Pero, más allá de las diferencias ideológicas, la secuencia dejó planteada una incógnita difícil de evitar: si la situación económica provincial es tan grave como para declarar una emergencia, ¿cómo se explica la creación de nuevas estructuras, fondos específicos y programas que implican más gastos?

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Esa tensión no pasó inadvertida para sectores productivos, culturales y políticos que observan con desconfianza la convivencia entre un diagnóstico de crisis y una agenda de expansión institucional. El debate recién empieza y promete abrir nuevas discusiones sobre prioridades, consistencia y la credibilidad del relato oficial en un momento de dificultades reales para las arcas provinciales.