José López se entregó a la Justicia y pidió cumplir la condena en su casa

José Francisco López, quien ocupara el cargo de secretario de Obras Públicas durante buena parte de los gobiernos kirchneristas, se entregó a las autoridades judiciales luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara su condena en la causa conocida como “Vialidad”. El fallo lo sentencia a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta, en una causa que también alcanza a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez.

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El ex funcionario compareció por voluntad propia y, al hacerlo, presentó un pedido formal para que se le conceda el cumplimiento de la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. El argumento es similar al que suelen presentar otros condenados en casos de corrupción: problemas de salud, edad o arraigo, aunque todavía no trascendieron los fundamentos precisos que acompañan la solicitud.

La causa por la que fue condenado involucra una trama compleja de desvío de fondos públicos y direccionamiento de la obra pública nacional a favor de empresas vinculadas al empresario Báez, especialmente en la provincia de Santa Cruz. El proceso judicial, que se extendió por años, concluyó con condenas para varios ex funcionarios y empresarios cercanos al poder político de entonces.

López, quien ya había sido protagonista de un escándalo de corrupción en 2016, cuando fue detenido intentando esconder bolsos con dinero en un convento, enfrenta ahora la ejecución de una nueva condena. A diferencia de aquel caso —en el que fue juzgado por enriquecimiento ilícito—, esta pena está vinculada directamente al manejo de recursos estatales y al direccionamiento de licitaciones.

Si bien su entrega podría interpretarse como un reconocimiento de la sentencia, su defensa intenta que la privación de libertad no se cumpla en un establecimiento penitenciario sino en el ámbito privado de su domicilio. Será ahora la Justicia quien deberá evaluar si se cumplen las condiciones para concederle ese régimen.

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El fallo de la Corte que habilita la ejecución de las penas marca un nuevo capítulo en las causas por corrupción que marcaron el ciclo político de las últimas décadas. Para los jueces, la responsabilidad de los condenados en el desvío sistemático de fondos públicos quedó acreditada. La causa, que comenzó a investigarse hace más de una década, tuvo su sentencia original en 2022, pero recién ahora quedó firme con la resolución del máximo tribunal.

La entrega de López se da en un contexto político y judicial cargado de tensión. Tras la decisión de la Corte, distintas expresiones partidarias, sindicales y sociales han reaccionado en defensa o crítica de los condenados, mientras se proyectan movilizaciones y declaraciones públicas. En paralelo, las defensas legales evalúan las últimas opciones de apelación, tanto dentro del país como en organismos internacionales.

El pedido de prisión domiciliaria por parte de José López no es un trámite automático. Aunque en otros casos se ha concedido ese beneficio, su otorgamiento depende de la valoración del tribunal de ejecución y de la existencia de condiciones objetivas que lo justifiquen. La decisión se conocerá en los próximos días y podría marcar el tono para otras presentaciones similares de ex funcionarios condenados en causas de corrupción.