Fuerte rechazo en la audiencia pública por la privatización de la Ruta 5

Una ola de cuestionamientos marcó la audiencia pública convocada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para discutir el nuevo esquema de concesión privada de la Ruta Nacional 5. En el encuentro, celebrado en Junín, se multiplicaron las críticas hacia el modelo de gestión que el Gobierno busca reactivar y que, según denuncian intendentes y usuarios, reproduce inequidades, mantiene la falta de obras estructurales y deja sin respuestas a quienes transitan la ruta a diario.

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Mercedes, incluida en el denominado Tramo Pampa —546 kilómetros entre Luján y Realicó—, estuvo representada por el intendente Juan Ignacio Ustarroz, quien intervino de manera remota. En su presentación, reclamó una tarifa diferenciada para los habitantes de la zona, la incorporación de obras obligatorias entre el cruce con la ruta 41 y el acceso sur de la ciudad, y un plan de mantenimiento continuo, además de la presencia permanente de servicios de emergencia. Ustarroz expresó su preocupación por un sistema que, en sus palabras, sigue sin responder a las necesidades básicas de infraestructura y seguridad vial.

Entre las intervenciones más duras estuvo la de Marcelo Suárez, referente histórico de la Comisión de Vecinos de Mercedes. Apuntó directamente contra el esquema de peajes y calificó la privatización como “otro curro disfrazado de plan vial”. Suárez consideró inaceptable que se proyecte cobrar por el uso de una ruta deteriorada y sin mejoras sustanciales en décadas. También cuestionó los plazos que los pliegos licitatorios otorgan a las concesionarias: “Les permiten demorarse hasta cinco años en obras fundamentales como colectoras o puentes”.

Desde La Pampa, la crítica fue igual de contundente. El ministro de Obras y Servicios Públicos provincial, Alfredo Intronati, señaló que el pliego no contempla trabajos relevantes para el trazado pampeano, que conserva el mismo diseño que hace más de tres décadas. Sergio Romero, del colectivo ¡Autovía Ruta 5 Ya!, sumó su voz: “Esto es un maquillaje que no resuelve nada. Seguimos con una ruta insegura, con alto riesgo de choques frontales, y sin un plan serio de transformación”.

La audiencia, parte del proceso de la Red Federal de Concesiones, también recogió el malestar de otras ciudades atravesadas por rutas nacionales involucradas en la misma licitación. En Nueve de Julio, incluida en el Tramo Pampa, la intendenta María José Gentile denunció que el proyecto apenas garantiza mantenimiento básico y no contempla la ansiada conversión de la ruta en autovía. “Con el volumen de tránsito que tiene hoy, una sola mano es inviable”, expresó.

Una situación similar se vive en la Ruta 7. Allí, según expusieron representantes de Chacabuco, la concesionaria tendría autorización para instalar peajes sin siquiera completar obras pendientes como la “Variante Chacabuco”.

El proceso licitatorio continúa su marcha, con la promesa oficial de avanzar en septiembre con la adjudicación de obras y tarifas. Sin embargo, la distancia entre lo que plantea el Gobierno y lo que reclaman intendentes, usuarios y organizaciones sociales parece cada vez más difícil de salvar. La Ruta 5, vital para la conexión del oeste bonaerense y el centro del país, sigue a la espera de una solución concreta, más allá de los discursos.