La mayoría se inclinaría por mejorar los ingresos, aunque también apuntan a la reforma fiscal, la obtención de financiación externo, créditos para las exportaciones y reforma de la banca pública.

En ese sentido, Pablo Rojo -ligado a Carlos Menem- planeó una estrategia para subir los sueldos un 30 por ciento gracias a una baja en las cargas sociales. Esto le serviría a las empresas para recomponer el poder adquisitivo y también para incorporar nuevos empleados. Además, se asignarían subsidios de 50 pesos para jefes de familia, se rebajaría el IVA, habría una apertura de la banca pública y también una ampliación en el acuerdo con el FMI.

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Por su parte, José María Las Heras, el referente de Néstor Kirchner, apostaría por subsidiar los costos laborales, como también bajar el IVA, revitalizar el Mercosur frente al Alca y conseguir dinero externo para las exportaciones.

En tanto, Jorge Benalcázar, a cargo del programa económico de Adolfo Rodríguez Saá, piensa disponer de un aumento para que los salarios mínimos lleguen a 500 pesos, más una recomposición para los empleados públicos y privados. Dentro de su estrategia, Benalcázar propuso crear un plan de viviendas, que se financiaría con los fondos de las AFJP, y se utilizaría además para crear empleo. También se pedirán dos años de gracia para el pago de la deuda pública y una reasignación de partidas, con disminución para las Fuerzas Armadas.

A su turno, Manuel Solanet, diseñador del programa de Ricardo López Murphy, coincide con Rojo, ya que pretende lograr la incorporación de nuevos trabajadores con una rebaja de los aportes patronales. Además, y como el resto de sus colegas, también pretende rebajar la alícuota del IVA a 10,5 por ciento y crear un seguro de desempleo con 2,5 del salario.

Rubén Lo Vuolo, estratega económico de Elisa Carrió, se inclina por otorgar un considerable aumento del salario y subsidios a los ciudadanos de menores recursos. Al igual que los otros economistas, quiere bajar la alícuota del IVA, apoyar a las pymes con créditos y revisar todos los contratos de las empresas de servicios públicos que fueron privatizadas.