El Gobierno solicita actuar como parte acusadora en caso de intermediación en seguros

El gobierno de Alberto Fernández enfrenta una nueva polémica tras ser denunciado por presunto favoritismo hacia intermediarios y detección de pagos excesivos en pólizas para asegurar bienes diversos. La solicitud de ser parte querellante en la investigación fue presentada ante el juez Julián Ercolini por el Ministerio de Capital Humano y la ANSES, ambos también denunciantes en este caso.

En su requerimiento conjunto, estas entidades estatales aportaron testimonios y pidieron peritar la firma de Federico Alejandro D’Angelo Campos, identificada en la documentación adjunta al expediente. Asimismo, solicitaron una pericia contable para evaluar el posible perjuicio económico del Estado debido a las acciones de los intermediarios de NACION SEGUROS S.A.

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Según lo expuesto en la denuncia, “la Anses originalmente contrató directamente con Nación Seguros, pero posteriormente se introdujo de manera injustificada la participación de intermediarios, lo que generó el pago de comisiones en detrimento de los fondos públicos”.

La presentación también detalla que “por instrucciones del exdirector general del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se designó a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros y a TG Broker S.A. para intervenir en los contratos mencionados”.

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Además, se señala que Campos enfrenta acusaciones por parte de Anses por “otros actos relacionados con negociaciones incompatibles con la función pública” y “posible administración fraudulenta en perjuicio del Estado”.

El Gobierno, días atrás, presentó una denuncia contra las autoridades de Anses durante la gestión de Alberto Fernández por presuntas irregularidades en el ámbito de los seguros, involucrando así al exmandatario. La denuncia, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, abarca delitos como fraude a la administración pública, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

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Las acusaciones surgieron a raíz de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que descubrió irregularidades en las intermediaciones de seguros durante la gestión de Fernández. La normativa, revocada posteriormente, exigía a los organismos estatales gestionar sus pólizas a través de Nación Seguros, aunque permitía la intervención de corredores privados, quienes obtenían comisiones.

A lo largo de la administración de Fernández, la dirección de Nación Seguros estuvo a cargo de Alberto Pagliano, un estrecho colaborador del entonces presidente. Por esta razón, la fiscalía inició una investigación penal contra Alberto Fernández por presunta contratación irregular de seguros del Banco Nación para la administración pública a través de un gestor privado, quien además es esposo de una de las secretarias del líder del PJ, María Cantero.