La ciudad de La Plata enfrenta una profunda conmoción tras el trágico fallecimiento de Kim Gómez, una niña de siete años que perdió la vida durante un robo vehicular perpetrado frente a un establecimiento comercial mayorista. El lamentable suceso, ocurrido en la intersección de las calles 72 y 24, ha intensificado la preocupación ciudadana respecto al incremento de la inseguridad en la capital bonaerense.

Según las investigaciones preliminares, dos individuos sustrajeron el automóvil familiar mientras se encontraba estacionado, sin percatarse inicialmente que la menor permanecía en su interior. Al advertir su presencia, continuaron la marcha. Posteriormente, cuando la niña intentó descender del vehículo en movimiento, cayó sobre el pavimento, quedando bajo las ruedas del automóvil que la arrastró por varios metros, provocándole lesiones fatales.

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La indignación ciudadana no tardó en manifestarse. Numerosos residentes se congregaron en el lugar del incidente para exigir mayor presencia policial y la pronta captura de los responsables. Las autoridades respondieron con un operativo de búsqueda que culminó el martes por la noche con la aprehensión de dos adolescentes de 14 y 17 años, presuntamente implicados en el homicidio.

Este crítico episodio pone nuevamente en evidencia una problemática creciente en La Plata: la participación de menores en actos delictivos de gravedad. Durante los últimos meses, las estadísticas criminales de la ciudad revelan un incremento significativo de robos, lesiones y homicidios vinculados a organizaciones delictivas conformadas por adolescentes.

Pese a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para contener esta situación, existe una percepción generalizada de que el sistema judicial no proporciona respuestas efectivas. La condición de inimputabilidad que ampara a muchos de estos jóvenes infractores permite, según denuncian vecinos y autoridades policiales, que regresen rápidamente a las calles tras ser detenidos, acumulando antecedentes en comisarías y fiscalías a temprana edad.

El trágico desenlace del caso de Kim Gómez ha elevado el nivel de preocupación social, generando demandas urgentes para reformular las políticas de seguridad y revisar el marco legal aplicable a menores involucrados en delitos graves, en busca de soluciones que equilibren la protección de los derechos infantiles con la seguridad ciudadana.