Durante 2024, las cuotas de las prepagas aumentaron un 124%, apenas por debajo del índice inflacionario, que alcanzó el 127,8%. La situación generó un fuerte impacto en los presupuestos familiares, especialmente entre los sectores medios y los jubilados, lo que llevó al gobierno a reconsiderar su política en el sector.

Según trascendió, el gobierno analiza emitir un decreto para restringir los aumentos futuros. La nueva normativa establecería que las subas no serán generales para todos los afiliados de una misma compañía, sino que deberán ajustarse por tipo de plan. Además, para los adultos mayores, las cuotas no podrán superar el triple del valor que se cobre a los usuarios más jóvenes.

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En enero, las empresas de medicina privada aplicaron aumentos de entre el 3% y el 3,9%, duplicando prácticamente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general del mes que fue del 2,2%. El sector justifica estos ajustes argumentando que el costo de la salud es significativamente más alto que el promedio del resto de los bienes y servicios.

El conflicto escaló cuando el gobierno anunció en diciembre la imputación por presunta cartelización a varias de las principales firmas del sector. Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE, así como la Unión Argentina de Salud (UAS) y su presidente Claudio Belocopitt, fueron acusados por prácticas anticompetitivas.

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La Secretaría de Industria y Comercio informó que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) fijará un plazo de hasta 90 días hábiles para la producción de pruebas, prorrogable por otros 90 días de ser necesario. Una vez concluido este proceso, las empresas imputadas tendrán seis días para presentar sus alegatos.

Desde el gobierno recordaron que, según el artículo 2 de la Ley de Cartelización, los cárteles de núcleo duro son prácticas absolutamente restrictivas de la competencia. Esto incluye acuerdos entre competidores para fijar precios, restringir la oferta o repartirse el mercado, entre otras conductas prohibidas.

El reclamo oficial también llegó a la Justicia, donde el gobierno demandó a las prepagas por la presunta cartelización, tras un año en el que las cuotas aumentaron de forma constante cada mes, luego de la decisión del propio Milei de no intervenir en los precios.