Argentina y la mentira del estado presente: descontrol y corrupción en la asistencia social
La realidad argentina vuelve a estar marcada por el descontrol y la corrupción dentro del Estado, evidenciando una crisis institucional profunda que afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Recientes denuncias y hallazgos de irregularidades en la administración pública han puesto en relieve la magnitud de un problema que va mucho más allá de anécdotas pintorescas; se trata de un sistema que permite, e incluso fomenta, el mal uso y desvío de fondos destinados a la asistencia social.
Una de las historias que ilustra esta problemática involucra a un ocupante ilegal encontrando viviendo cómodamente dentro de una dependencia del Ministerio de Justicia, descubrimiento que el propio ministro Mariano Cúneo Libarona compartió, mostrando hasta qué punto el descontrol y la falta de supervisión han permitido situaciones absurdas y, en muchos casos, ilegales dentro de la estructura estatal.
Sin embargo, lo verdaderamente alarmante son las denuncias de corrupción y mal manejo de los recursos destinados a los más necesitados. Recientes investigaciones y denuncias han sacado a la luz esquemas de corrupción que involucran el desvío de fondos de los jubilados, malversación en la asignación de planes sociales, y ahora, irregularidades en la asistencia a la población más vulnerable: bebés y niños de familias sin recursos económicos.
El Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello, ha presentado denuncias contra exfuncionarios por graves irregularidades en el manejo de subsidios otorgados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Estos subsidios, destinados a apoyar a la primera infancia en familias de bajos recursos, habrían sido mal administrados o directamente desviados, privando a los más necesitados de asistencia esencial.
Este escenario se agrava con la revelación de que, a pesar de las evidentes irregularidades, los subsidios continuaron entregándose sin las debidas rendiciones de cuentas. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ya había advertido sobre la falta de control y seguimiento en la aplicación de estos programas, sin que se tomaran medidas correctivas significativas.
Las consecuencias de este desmanejo son amplias y profundas, afectando no solo a los individuos directamente perjudicados por la falta de asistencia, sino también erosionando la confianza en las instituciones y en la capacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas. Las continuas denuncias de corrupción y malversación de fondos públicos reflejan una realidad en la que el Estado, lejos de ser un garante de derechos y bienestar, se convierte en una fuente de desigualdad y exclusión.
