Por una cuestión de “equidad”, el Gobierno bonaerense decidió que la moratoria impositiva que comenzará en pocos días no incluirá sólo a las deudas transferidas a los municipios sino a todos los contribuyentes de los impuestos Inmobiliario y Automotor.

Es decir, será igual a cualquier plan de facilidades pago con quitas con la única diferencia de que no incluirá a los morosos del gravamen sobre los Ingresos Brutos y a los que adeuden otros tributos menores. Estarán incluidas las deudas anteriores al 31 de diciembre pasado (cerca de 1.500 millones de pesos) y no se cobrarán intereses de actualización.

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El inicio del nuevo plan de recupero de deudas está previsto para la semana que comienza el día 12, pero la fecha cierta estaba terminando de definirse en estas horas a la espera de nuevas adhesiones de los municipios no incluidos en la primera etapa, que abarcó la segunda quincena de junio pasado.

Entonces se conectaron a Rentas 75 oficinas locales de tasas e impuestos. Hasta el viernes, en tanto, había 108 comunas en red y sólo 26 afuera, y la pretensión de Economía era incluir a la totalidad. No obstante, ante la presunción de que no estarán todos, el ministerio definió que el mecanismo de recupero de incumplimientos impositivos incluya también al segmento no descentralizado; es decir, a los que vivan en comunas no adheridas al sistema, adeuden menos de 500 pesos por inmuebles urbanos o 1.000 por rurales o bien registren incumplimientos impositivos por vehículos patentados antes de 1998, casas valuadas en menos de 45 mil pesos o baldíos de menos de 10 mil.

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La razón de fondo que mueve al gobierno de Felipe Solá a intentar estas “remake” de la moratoria es que gracias a ese mecanismo de “perdón” a los contribuyentes morosos que comiencen a pagar logró revertir, en los últimos 90 días, la calamitosa performance alcanzada en los primeros cuatro meses del año.

Sólo durante el mes de julio, por moratorias se recaudaron 86,4 millones, de los cuales 12,2 fueron títulos públicos (sobre todo bocombas y bocanobas). En el mismo mes de 2001, por moratorias o planes de facilidades de pago se habían recaudado nada más que 20 millones.

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Por Ingresos Brutos, la mejora fue del 27,7 por ciento con relación a igual mes del año 2001. Creció asimismo el 23,4 por ciento lo recaudado en concepto de impuesto Inmobiliario y Automotores registró un incremento del 38,1 por ciento con respecto a julio de 2001. En el impuesto de Sellos se produjo un leve aumento de 1,1 por ciento. El promedio alcanzó el 48,9 por ciento.

No fue poca cosa esta performance para un Estado que como el bonaerense registró una merma de ingresos impositivos del 11,3 por ciento en los primeros siete meses del año pese a la implementación de algunos mecanismos “exitosos” como el cobro compulsivo de Ingresos Brutos a través de los bancos, la multiplicación de las inspecciones en countries y barrios cerrados o la intimación y escrache de morosos identificados a través de cruzamientos de bases de datos.

Para los municipios, la adhesión a la nueva moratoria, que durará 45 días hábiles, les significará una mejora respecto de los 980 millones de pesos que tienen asegurados como coparticipación o aportes no reintegrables.

El cobro de las deudas por parte de los Ejecutivos municipales dará lugar a un beneficio económico que se repartirá en partes iguales entre las administraciones comunales y la Provincia. El 33,86 por ciento quedará para el municipio que haya gestionado ese cobro, mientras que el 16,14 se repartirá según los coeficientes de coparticipación.

En esos casos, las comunas intimarán a los deudores, que abonarán en las oficinas municipales o las delegaciones de Rentas. Cuando el organismos provincial, en tanto, cobre una moratoria ajena a los paquetes de deudores transferidos, se quedará con el 87,86 por ciento y repartirá entre los 134 distritos sólo el 14,14 por ciento.

La descentralización de la gestión de cobro de los impuestos Inmobiliario y Automotor por parte de los municipios fue autorizada por el artículo 65 de la ley de Presupuesto a instancias del oficialismo y el bloque radical. Fue considerada una primera etapa en función de realizar una descentralización completa a largo plazo.

“Creo que hay un firme propósito en el Ejecutivo provincial de llegar a la total descentralización tributaria, no sólo por la baja en la recaudación sino porque, en los municipios se conoce al contribuyente y sus posibilidades de pago”, sintetizaba antes de la votación de la “ley de leyes” el senador peronista Patricio García, presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado bonaerense.

Una vez aprobada la norma, Economía capacitó a funcionarios comunales en la operación del programa de la Dirección de Sistemas de Información y el gobernador reunió a la mayor parte de los 75 primeros intendentes para anunciar la firma del acuerdo. Mal no les fue: la mayoría recuperó más del 20 por ciento de las deudas transferidas en no más de dos o tres semanas de gestión.