Al borde del colapso: cientos de centros de diálisis no podrían seguir operando en la provincia

La situación de los tratamientos de diálisis en la Provincia de Buenos Aires se ha convertido en una emergencia silenciosa que amenaza con estallar. Mientras más de 4300 personas dependen del sistema público para sobrevivir, los centros prestadores acumulan más de un año sin recibir pagos actualizados y con una deuda por parte del Estado que ya supera los 18.000.000.000 pesos. La advertencia es clara: si no hay una respuesta inmediata del gobierno provincial, muchos de estos establecimientos podrían cerrar sus puertas, dejando a miles de pacientes sin atención.

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El pasado 24 de julio, la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales (ARD) elevó una nota formal al gobernador Axel Kicillof solicitando su intervención urgente. El pedido, firmado por el Dr. Alfredo Casaliba, presidente de la entidad, remarca la gravedad del escenario: los valores de las prestaciones están congelados desde julio de 2024 y, además, no se han abonado los servicios ya prestados. El documento advertía que la continuidad de los tratamientos está en riesgo y que la posibilidad de cierres de centros es cada vez más concreta.

Pese a la formalidad del reclamo y a la situación crítica que describe, no hubo respuestas. La única reacción oficial fue el reenvío de la nota al Ministerio de Salud de la Provincia y al IOMA, desde donde apenas se ofrecieron dos números telefónicos como contacto. Los intentos de comunicación con esas líneas no tuvieron éxito. Incluso, se solicitó una reunión con el jefe de gabinete de IOMA, Gustavo Martínez, los días 29 y 31 de julio, pero tampoco hubo respuesta.

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Los centros de diálisis, en su mayoría pymes de capital nacional, denuncian estar en una situación de quebranto económico. Desde hace más de doce meses mantienen en funcionamiento sus servicios sin compensación acorde, en un contexto de inflación persistente y con costos operativos que no dejan de crecer. Lo hacen sin previsibilidad, sin diálogo y con un endeudamiento acumulado que los pone al borde de la inviabilidad.

Según cifras del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante (SINTRA), actualizadas al 6 de julio, el 44% de los pacientes en diálisis de la provincia son asistidos en centros que dependen del sistema público bonaerense. Si estos prestadores dejan de operar, muchas de esas personas se verán obligadas a desplazarse largas distancias, en un sistema ya saturado, con el riesgo concreto de interrumpir tratamientos que son vitales para su sobrevida.

En su carta, el Dr. Casaliba lo expresa con crudeza: “El tiempo sigue pasando y la posibilidad de cierre de algunos establecimientos, cada vez más corpórea, derivará ineluctablemente en la suspensión de los tratamientos”. Más adelante, se pregunta: “¿Cómo es posible seguir adelante sin los recursos necesarios? ¿Quién debe responder a este pedido que ya a esta altura más que solicitud es súplica?”.

Tanto desde la ARD como desde la Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal (CATR), se insiste en que la situación exige una solución inmediata. No se trata de un conflicto sectorial, sino de una cuestión humanitaria. Cada día que pasa sin una respuesta concreta por parte del Gobierno de la Provincia agrava un escenario que, si no se revierte pronto, podría dejar consecuencias irreparables.