¿Prohibir para prevenir? Kicillof evalúa limitar acompañantes en moto como respuesta al delito

El gobierno de Axel Kicillof evalúa una medida que podría reabrir el debate entre seguridad y derechos civiles: limitar la circulación de motos con dos personas a bordo, con el argumento de combatir el delito. La propuesta, revelada por el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso, apunta a aplicarse de forma focalizada, según el pedido de intendentes y en horarios determinados.

En una conferencia de prensa, Alonso sostuvo que la medida no sería de carácter general, sino una herramienta disponible para los municipios que la soliciten. “Es una medida sensible, por eso creemos que debe ser el intendente quien la solicite. Hay una ley que nos permite hacerlo desde el Ministerio”, justificó.

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La base legal que permitiría esta restricción proviene de la llamada Ley “Antimotochorros”, sancionada en 2019. Además de habilitar restricciones de circulación, esa norma también impone que la patente del vehículo se exhiba en el casco y en un chaleco del conductor, una exigencia que, según reconoció el ministro, no se cumple de forma generalizada.

Aunque el foco de la propuesta está puesto en el Conurbano bonaerense, la medida podría extenderse a cualquier punto del territorio provincial si los jefes comunales así lo solicitan. “Esto forma parte de un trabajo coordinado con los municipios y con la justicia, tanto provincial como federal”, afirmó Alonso, quien defendió la iniciativa como parte de una política de seguridad más amplia.

Durante su exposición, el funcionario también dio a conocer estadísticas: en el primer trimestre del año se registraron 234 homicidios en la provincia, una cifra inferior a los 270 del mismo período en 2024. Según el gobierno, esta caída del 13% es resultado de una estrategia conjunta de prevención.

Sin embargo, la posibilidad de restringir el uso de motos con acompañantes ha generado preocupación en algunos sectores, que temen que la medida, más allá de su intención, termine afectando a trabajadores y ciudadanos sin antecedentes delictivos. La efectividad de este tipo de acciones también es objeto de debate, ya que su impacto en la reducción del delito no ha sido comprobado de forma concluyente en experiencias anteriores.

El interrogante de fondo persiste: ¿medidas de este tipo pueden contribuir realmente a mejorar la seguridad sin vulnerar derechos o estigmatizar sectores populares? La discusión ya está en marcha.