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Presentarán un proyecto para frenar “exceso” del Ejecutivo

Diputados de varias fuerzas políticas presentarán hoy un proyecto para derogar la ley que obliga a los proveedores de Internet a almacenar durante 10 años información de sus clientes, en medio de las denuncias por la amenaza que esa norma supone para los derechos civiles.

Por Equipo de Redacción MercedesYA
Presentarán un proyecto para frenar “exceso” del Ejecutivo

Los diputados, encabezados por el peronista Cristian Ritondo, tomaron la decisión luego de consultar a varios expertos, quienes coincidieron en que la ley, que entrará en vigencia este 31 de julio, avasalla derechos individuales de los usuarios porque viola la privacidad de las personas, según dijeron fuentes parlamentarias.
Ritondo anticipó que trabaja, entre otros, junto con el diputado nacional de la UCedé por Córdoba Mauricio Bossa, en un proyecto que solicita la derogación de la ley “para poner una instancia de discusión previa a la elaboración de una norma correctiva”.
“Debemos recuperar el espíritu de la ley, que no es el manifestado en el decreto, y poner coto a este abuso”, expresó Ritondo en diálogo con Infobae, quien agregó además que “el límite siempre existe cuando están en juego las libertades individuales y de privacidad”.
Por su parte, en declaraciones a Radio 10, advirtió el legislador que “la reglamentación de la ley avanza sobre el derecho a la intimidad y privacidad de las personas”, por lo que buscarán que con la presentación no se “invada la privacidad”.
“El espíritu de la ley tenía un sentido, pero en su reglamentación tiene otro. Hay un exceso un abuso del Ejecutivo en la reglamentación del artículo”, continuó.
Tratados
También el diputado socialista Jorge Rivas pidió la modificación de la norma y recordó que, cuando la ley fue sancionada por el Senado, reclamó su derogación porque “viola la Constitución Nacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos”, además de otros tratados internacionales.
Legisladores de la UCR también se sumaron al pedido de derogación. “No todo el mundo puede ser sospechoso, la aplicación debe quedar lo suficientemente clara y acotada para evitar un mal uso”, argumentó la radical Gracia Jaroslavsky, quien oportunamente firmó en disidencia el dictamen del proyecto.

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