Oscuro entramado de corrupción en el Ministerio de Transporte bonaerense
La Justicia platense ha iniciado una profunda investigación sobre un complejo mecanismo de corrupción en el Ministerio de Transporte bonaerense, que podría comprometer a funcionarios de alto rango y revelar un entramado sistemático de manipulación de infracciones de tránsito.
El fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 11, lidera una pesquisa que desentraña un presunto mecanismo delictivo donde se ofertan reducciones ilegales de multas a automovilistas, generando cuantiosas pérdidas económicas para las arcas provinciales.
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Según las primeras evidencias recopiladas, el sistema operaba mediante una estrategia sofisticada: funcionarios con acceso a sistemas informáticos administrativos captaban infractores y les prometían disminuir sus sanciones hasta un 50%. La maniobra implicaba modificaciones irregulares en los registros oficiales, con la aparente complicidad de gestores externos y funcionarios públicos.
Las sospechas iniciales surgieron tras detectar inconsistencias en los registros de infracciones. Varios municipios bonaerenses advirtieron una disminución significativa en la recaudación por multas de tránsito, lo que desencadenó las primeras investigaciones.
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El procedimiento judicial, avalado por el juez Juan Pablo Masi del Juzgado de Garantías 4, involucra el secuestro de documentación y la próxima recepción de testimoniales de presuntas víctimas que fueron engañadas mediante descargos apócrifos.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria participa activamente en el operativo, recopilando pruebas que podrían comprometer a funcionarios del gobierno provincial de Axel Kicillof, incluyendo al ministro Jorge D'Onofrio.
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Un aspecto crítico de la investigación sugiere que la manipulación trasciende los límites provinciales, con indicios de intervención en sistemas de juzgados municipales para evadir el cumplimiento de la legislación vigente, específicamente la ley provincial 13.927 que regula las infracciones de tránsito.
Los investigadores buscan desentrañar un entramado que, de confirmarse, representaría un grave caso de corrupción administrativa con ramificaciones que podrían afectar la transparencia de las instituciones públicas bonaerenses.
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