Masiva finalización de contratos en Capital Humano afecta a miles de trabajadores

El ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello, ha ejecutado una significativa reducción de personal al no renovar aproximadamente 2800 contratos, según se confirmó esta semana. Esta medida se inscribe dentro del denominado “plan motosierra” impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, orientado a recortar el empleo en el sector público.

La decisión forma parte de la política de reducción del aparato estatal promovida por el gobierno del presidente Javier Milei desde su asunción. Pettovello, considerada una de las colaboradoras más cercanas al mandatario, ha sido señalada por representantes gremiales por presuntas conductas inapropiadas hacia el personal.

Puede Interesarte:

Chocó, lo derivaron tarde y ahora teme perder la movilidad del brazo

En este contexto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) emitió un comunicado denunciando situaciones de “violencia institucional, hostigamiento y maltrato sistemático” que atribuyen directamente a la titular de Capital Humano.

Daniel Catalano, referente de la seccional porteña de ATE, manifestó que numerosos trabajadores de diversas dependencias, incluidas la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda y la Dirección Nacional de Arquitectura, fueron notificados sobre la finalización de sus vínculos contractuales.

“Esta medida deja a 400 familias sin sustento económico y sin posibilidad alguna de reubicación laboral”, expresó el comunicado sindical, que cuestiona tanto el fondo como las formas de la no renovación de contratos.

Fuentes ministeriales, por su parte, justifican la medida como necesaria para el saneamiento de las cuentas públicas y alegan que muchas de estas contrataciones respondían a criterios políticos de gestiones anteriores más que a necesidades operativas reales del ministerio.

La no renovación contractual en Capital Humano se suma a otras reducciones similares implementadas en diversos organismos estatales desde diciembre pasado, consolidando la política de achicamiento del Estado que constituye uno de los ejes centrales de la administración actual.