LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES TIENE ALTERNATIVAS PARA REDUCIR EL DEFICIT SIN GASTAR MENOS

El Gobierno bonaerense aspira a que los mismos organismos multilaterales de crédito que piden eliminar el déficit de la Provincia financien esa reducción a través de asistencia financiera. Ese dinero no llegaría a “rentas generales” (desde donde se podría derivar a cualquier lado) sino a fondos extrapresupuestarios con los cuales se financiarían planes sociales y algunos proyectos de obra pública.
En cumplimiento del acuerdo fiscal al que llegaron el presidente Eduardo Duhalde y el gobernador Felipe Solá, Buenos Aires debería reducir su déficit fiscal un 50 por ciento respecto de 2001. El desahorro de todo el año sería de 1.550 millones de pesos, un 17 por ciento de los 9.345 millones de gasto público previsto. En el ministerio de Economía bonaerense estiman que la necesidad de financiamiento para los siete meses que restan de este ejercicio será similar a esa cifra. Por lo tanto, para dejar de emitir patacones, haría falta asistencia de la Nación o de organismos multilaterales por 1.500 o 1.600 millones de pesos.
Además de ese dinero para tapar la brecha fiscal, la Provincia podría recurrir a endeudamiento adicional para achicar su déficit sin eliminar ninguna de las prestaciones básicas del Estado. Esa asistencia financiera no engrosaría el rojo fiscal, pero sí el endeudamiento de la Provincia.
Para alcanzar esa meta, habría que transferir a fondos fiduciarios financiados con recursos privados planes de Gobierno hoy abonados con fondos del presupuesto de erogaciones y recursos aprobado por la Legislatura. Se pasarían a esos entes algunos gastos, a costa de engrosar la deuda pública de la Provincia. Se lograría así un ahorro en términos presupuestarios mientras dure el período de gracia de los compromisos.
Los fondos fiduciarios son algo así como presupuestos paralelos que se conforman con dinero de origen diverso: recaudación de determinadas tasas o impuestos, recursos del Gobierno y, sobre todo, aportes del sector privado. A cambio del aporte a corto plazo de sumas pequeñas se pueden llevar adelante obras o planes de Gobierno que pagarán los ciudadanos con presupuestos futuros.
Esta mecánica permite además “adelgazar” el déficit, porque si el gasto de los fondos fiduciarios se realiza sobre todo con aportes privados, no provoca rojo fiscal sino endeudamiento.
El déficit fiscal es -valga aclararlo- la diferencia entre el dinero que sale y el que entra en las arcas del Estado. A partir de los sucesivos acuerdos fiscales, se impusieron tres términos asociados.
* “Déficit primario”, o cociente entre ingresos y egresos del ejercicio. Aquí esta puesta la mirada crítica del FMI.
* “Déficit total”, que es resultado de sumar al anterior el pago de los intereses de la deuda pública. Cuando Solá habla de reducir de 3.100 a 1.550 millones el “déficit”, se refiere a este indicador.
* “Necesidad de Financiamiento”, que agrega al concepto anterior el monto que se destina al pago de capital de la deuda pública.
De los tres indicadores, el más importante de todos es el último, porque dice cuánto dinero deberá juntar el Gobierno para compensar la diferencia entre ingresos y egresos. No obstante, la importancia del “déficit primario” es que muestra cuánto del desahorro es adjudicable por entero a la actual administración.
Los fondos fiduciarios desdibujan un poco esta visión simplificada, porque reducen el “déficit primario” a costa de aumentar el “déficit total” y la “necesidad de financiamiento” en el futuro.
El posible efecto positivo para el Gobierno no sería entonces económico-político: Solá podría decir que redujo el déficit que mide el FMI, sin dejar de realizar algunas obras públicas y, sobre todo, programas sociales.
No es nueva esta mecánica, como lo demuestran por ejemplo dos hechos.
* Unos 200 millones de patacones tuvieron por destino el ya existente Fondo Fiduciario de Realización de Activos Provinciales (FOFRAP), según contabilizó el Centro de Estudios Bonaerense.
* Por presupuesto 2002 se sentaron las bases del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del PLan de Infraestructura provincial.
Los patacones
Además de los patacones serie A con destino al FOFRAP, otros 460 millones se usaron para hacer frente a obligaciones “presupuestarias” del Ejecutivo provincial, en especial el pago de salarios de los empleados del sector público y los suministros de bienes y servicios por parte de los proveedores.
De la serie B de las letras, ya están circulando los 410 millones autorizados en primera instancia y los 880 de la ampliación aprobada luego. Entre los dos títulos públicos se llegó casi a 2 mil millones, según informó el Ministerio de Economía. Unos 660 deben rescatarse por ley 12.727 desde el próximo 25 de julio, mientras que al resto corresponde abonarlo en 2006.
Si no hubiera asistencia en pesos de la Nación, los de la primera serie no podrían rescatarse abonando el 107 por ciento en pesos, como se estableció a mediados de 2001. Y hoy por hoy para la Provincia la única alternativa a los pesos son los patacones.
Buenos Aires reclama, además de la asistencia financiera en pesos, cambios en el régimen de coparticipación federal de impuestos, porque aunque la inflación logre aumentar los ingresos fiscales de la Nación, esa mejora no se traducirá necesariamente en un aumento similar del envío de dinero a Buenos Aires.
El porcentaje del impuesto a las Ganancias que se transfiere como “fondo de reparación histórica del conurbano”, por ejemplo, tiene un tope: 650 millones de pesos. Algo similar sucede con fondos específicos creados tras la transferencia de los hospitales y las escuelas a Buenos Aires. Y es pertinente reiterar que, por la suba del dólar, el aumento de la recaudación de impuestos nacionales no significará en todos los casos un aumento de recursos para Buenos Aires, pero sí dará como resultado un abultamiento de sus compromisos.
En efecto, como se informó en la edición de ayer, los pagos de deuda pública bonaerense en dólares garantizada por recursos coparticipables ascienden a 88 millones anuales. De esa suma, ya se abonó alrededor de un 40 por ciento. El restante 60 por ciento puede volverse difícil de cancelar si se produce un nuevo aumento de la divisa norteamericana. Y esa escala no significará necesariamente una mejora de recursos. Por ese motivo, para el Gobierno de Buenos Aires el escenario económico tras la devaluación requiere sí o sí de un replanteo de la coparticipación federal de impuestos.