La justicia la declaró no culpable pero la DGCyE tardó ocho años en cerrar el sumario

La historia empezó en 2014, cuando trabajaba en el Jardín 904. Fue desplazada bajo el artículo 139 por denuncias de supuestos malos tratos. Con el correr de los años se sumó otra presentación y debió volver a declarar. Para entonces ya no tenía contacto con niños por el propio desplazamiento. El expediente penal avanzó y la justicia determinó que no era culpable. Ese punto es clave: el sistema penal la exoneró.

Lo que siguió fue el laberinto administrativo. Pese al pronunciamiento judicial, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires mantuvo abierta la actuación interna durante ocho años más. La causa penal cerrada no alcanzó para cerrar el trámite burocrático. El tiempo, que debía ordenar, se convirtió en castigo.

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Las consecuencias fueron concretas. Deterioro profesional, pérdida de ingresos, daño psicológico y un día a día marcado por la sospecha. Colegas y allegados la sostuvieron, pero la inercia estatal hizo el resto: una década de pausa para quien había sido declarada no culpable por los jueces.

El caso expone una falla estructural. Si un fallo despeja responsabilidades, la administración no puede arrastrar expedientes durante años. Urgen protocolos que alineen de inmediato los circuitos administrativos con las decisiones judiciales, plazos perentorios para resolver sumarios y un esquema de reparación cuando la demora estatal provoca un perjuicio demostrable.

Si la justicia dice que no y la burocracia tarda ocho años en admitirlo, ya no hablamos de prudencia sino de daño. Ahora la prioridad es que no se repita.