El Gobierno argentino ha dado un paso audaz en la modernización del derecho familiar al enviar al Congreso un proyecto de ley que revolucionaría el proceso de divorcio en el país. La iniciativa, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, propone un cambio radical: permitir la disolución del vínculo matrimonial sin necesidad de acudir a la justicia.

Según fuentes cercanas al proyecto, reveladas por el canal de noticias TN, la propuesta busca cubrir un vacío legal, ofreciendo a las parejas la posibilidad de finalizar su unión de la misma manera en que la iniciaron: mediante un acuerdo mutuo ante un oficial público del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Este enfoque pretende simplificar, acelerar y abaratar el proceso de divorcio para aquellos matrimonios que deciden de común acuerdo poner fin a su vínculo.

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Los impulsores de la ley argumentan que este sistema ya ha sido implementado con éxito en diversos países, entre ellos Brasil, Portugal, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Noruega, Italia y Japón. La experiencia internacional sugiere que este método no solo beneficia a las parejas que desean separarse, sino que también alivia la carga de los tribunales, reduciendo costos indirectos para los contribuyentes.

“Este sistema permite que las personas unidas en matrimonio, con voluntad de poner fin al vínculo y con recursos o tiempo insuficiente para afrontar el proceso de divorcio judicial, puedan tramitar este de manera simple, veloz y económica”, reza el documento enviado al Congreso. Además, se enfatiza que esta herramienta incrementaría la libertad individual de los ciudadanos.

La propuesta se enmarca en un contexto más amplio de reforma judicial, formando parte de la llamada “Ley Hojarasca”, un ambicioso proyecto que busca eliminar aproximadamente 70 leyes consideradas obsoletas o restrictivas de las libertades individuales. En este sentido, la reforma de la ley de divorcio vincular (Ley 23.515) se presenta como un paso hacia la modernización y simplificación del sistema legal argentino.

El proyecto parte de la premisa de que, así como el matrimonio se contrae libremente para emprender un proyecto de vida en común, su disolución debería seguir un camino igualmente accesible cuando ambas partes están de acuerdo. “De la misma manera, ese proyecto de vida en común puede terminar de mutuo acuerdo en pos de buscar nuevos proyectos de vida”, explica el comunicado oficial.

Sin embargo, es importante señalar que esta propuesta se limita a los casos de divorcio de mutuo acuerdo. Los divorcios contenciosos o aquellos que involucren disputas sobre bienes, custodia de hijos u otras cuestiones complejas seguirían requiriendo la intervención judicial.

La iniciativa ha generado debates entre juristas y especialistas en derecho de familia. Mientras algunos celebran la potencial agilización de los procesos y la reducción de costos para los ciudadanos, otros expresan preocupaciones sobre la protección de los derechos de las partes más vulnerables en una separación.

A medida que el proyecto avanza hacia su discusión en el Congreso, se espera un intenso debate sobre sus implicaciones sociales, legales y económicas. De ser aprobada, esta ley marcaría un hito en la evolución del derecho familiar en Argentina, alineando al país con una tendencia global hacia procesos de divorcio más ágiles y menos burocráticos.

La propuesta refleja una visión del matrimonio y su disolución como actos fundamentalmente civiles y administrativos, buscando reducir la intervención estatal en decisiones personales cuando existe acuerdo entre las partes. Sin duda, el curso de este proyecto en el Legislativo será seguido de cerca por la sociedad argentina, dada su potencial para transformar significativamente uno de los aspectos más sensibles del derecho familiar.