La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) intensifica sus esfuerzos para tomar posesión de dos valiosas estancias en Santa Cruz, anteriormente pertenecientes a Víctor Manzanares, el contador vinculado a la familia Kirchner que confesó su rol como testaferro en causas por lavado de activos.

Las propiedades en cuestión, “El Rincón” y “Santa Lucía”, forman parte de un extenso patrimonio decomisado en el marco de la causa “Cuadernos de las Coimas”. “Santa Lucía” abarca 20.000 hectáreas y se ubica a 215 kilómetros de El Calafate, mientras que “El Rincón” comprende 6.712 hectáreas a 170 kilómetros de la misma localidad. Según estimaciones del mercado inmobiliario, ambos predios podrían alcanzar un valor cercano a los US$40 millones.

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Una comitiva de la AABE, bajo la dirección de Nicolás Pakgojz, viajó en octubre a la provincia patagónica para realizar un reconocimiento preliminar de los terrenos. Sin embargo, las adversas condiciones meteorológicas y el estado del suelo impidieron el acceso a las propiedades, postergando la misión hasta noviembre.

Este operativo se enmarca en una iniciativa más amplia del gobierno de Javier Milei para recuperar y monetizar bienes provenientes de la corrupción. La gestión actual ya logró subastar una propiedad en la calle Andonaegui por US$168.000, mientras que otras subastas, incluyendo inmuebles en Pedro Rivera y Salvador María del Carril, quedaron desiertas y serán relicitadas.

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Manzanares, fundador de Madaco S.A. y contador histórico de los Kirchner, declaró ante la Justicia haber sido testaferro de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner. En su testimonio, reveló que Muñoz administró entre 500 y 600 millones de dólares, información que resultó clave para la investigación de una red de lavado que movió aproximadamente 70 millones de dólares a través de empresas offshore.

El plan de monetización incluye 30 propiedades decomisadas, distribuidas entre la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Miami. Los fondos obtenidos serán destinados al Tesoro Nacional para financiar la Unidad de Información Financiera, combatir el narcotráfico y sostener programas de rehabilitación y capacitación laboral.

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Es notable que durante la administración anterior no se avanzó en la documentación ni gestión de estas propiedades, que permanecieron en un limbo legal durante cinco años. Fuentes oficiales sugieren que esta inacción podría estar relacionada con los vínculos entre los propietarios investigados y la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.