El Gobierno busca auditar las Universidades, pero encuentra firme resistencia de las instituciones académicas
En un contexto marcado por tensiones debido a recortes presupuestarios, el gobierno de Javier Milei busca examinar los gastos universitarios. Sin embargo, las instituciones nacionales lanzan una advertencia contundente: señalan que esto atentaría contra su autonomía y califican la iniciativa como mera “retórica”.
Desde la Casa Rosada, voces insisten en la necesidad de transparencia en el uso de los fondos. Aunque aclaran que no pretenden una auditoría formal, buscan acceso a los registros para asegurar la claridad en las erogaciones.
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Luis, Victor Moriñigo, sostiene que la auditoría por parte del Gobierno no es factible, ya que corresponde a la AGN, ente que rinde cuentas al Congreso, no al Ejecutivo.
Moriñigo destaca la complejidad del tema y señala que el presupuesto contempla principalmente gastos de funcionamiento, excluyendo salarios. Además, solicitan una actualización acorde a la inflación del 2023 y proyectada para el presente año.
A pesar de la advertencia, desde el Ejecutivo mantienen su postura, atribuyendo responsabilidad al gobierno anterior por debilitar los mecanismos de fiscalización. Consideran que las “autoauditorías” promovidas por la gestión previa equivalen a una simulación de control.
En contraposición, desde la Auditoría General de la Nación explican que las universidades con transferencias del Tesoro son auditadas por ellos, siguiendo aprobaciones de la Comisión Revisora Mixta del Congreso.
En este contexto, Moriñigo enfatiza la disposición de las universidades a rendir cuentas, aunque sostiene que la fiscalización va más allá de una simple revisión de recibos.
