El fiscal general Mario Villar presentó un pedido formal ante la Corte Suprema de Justicia para que se revise y agrave la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, solicitando que la pena se eleve a 12 años de prisión. La solicitud se fundamenta en la imputación por asociación ilícita, delito que había sido descartado por la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad, donde se investigó el direccionamiento de obra pública hacia empresarios vinculados al kirchnerismo.

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El año pasado, la Cámara de Casación Penal confirmó una condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al encontrarla culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Villar, en su apelación, puso el foco en la falta de explicación por parte del tribunal sobre la exclusión del delito de asociación ilícita, lo que consideró un error jurídico significativo.

Según el fiscal, este tipo de delito sanciona la mera pertenencia a una organización criminal, sin necesidad de que se ejecuten los actos planificados. La omisión de este agravante, argumentó, deja incompleta la caracterización de las conductas investigadas en el marco de la causa Vialidad, donde se analizaron presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

Este nuevo capítulo judicial podría reavivar el debate sobre la causa, una de las más relevantes del panorama político y judicial de los últimos años, y ahora queda en manos de la Corte Suprema decidir si hace lugar a la solicitud del fiscal general para modificar el fallo y aumentar la pena.