Concejales de LLA proponen blindar los recursos públicos contra el uso político-partidario
La iniciativa busca erradicar la utilización de bienes estatales para propaganda partidaria, promoviendo una administración más transparente y equitativa en línea con los principios republicanos.
En un esfuerzo por reforzar la integridad y transparencia en la gestión municipal, los concejales de La Libertad Avanza han presentado un proyecto de ordenanza que apunta a erradicar el uso de recursos públicos con fines partidarios. Esta iniciativa se fundamenta en dos pilares legislativos nacionales: la Ley 25.188 de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública” y la Ley 26.215 de “Financiamiento de los Partidos Políticos”.
El proyecto propone una prohibición tajante sobre la exhibición de nombres, apodos o referencias personales de funcionarios electos, así como de agrupaciones o partidos políticos, en bienes municipales. Esto incluye vehículos oficiales, maquinaria, carteles de obra y edificios públicos. Además, veta explícitamente el uso de fondos municipales para cualquier forma de publicidad política, abarcando también la utilización de personal y recursos materiales del estado para beneficiar a entidades partidarias o figuras políticas.
Los ediles argumentan que estas prácticas contradicen los principios de imparcialidad y neutralidad establecidos en la Ley 25.188, que debería regir el comportamiento de los funcionarios públicos. Asimismo, sostienen que el uso de la obra pública como plataforma para propaganda personalista o partidaria distorsiona el propósito de estas inversiones y compromete la integridad de los recursos comunitarios.
La propuesta encuentra su inspiración en los ideales liberales de Juan Bautista Alberdi, quien abogaba por un estado eficiente y despolitizado. Los concejales argumentan que el uso indebido de recursos estatales con fines partidistas no solo contraviene la Ley 26.215, sino que también contribuye al deterioro del sistema republicano y sus instituciones, fomentando un ambiente de clientelismo y desigualdad de oportunidades.
El proyecto de ordenanza establece sanciones para los infractores, considerando tales acciones como faltas graves sujetas a multas que serán especificadas en el código de faltas municipal. También se otorga un plazo de 60 días para retirar toda alusión a personas o agrupaciones políticas de los espacios y bienes públicos afectados por esta normativa.
De ser aprobada, esta ordenanza marcaría un precedente importante en la búsqueda de una administración pública más ética y responsable, alineada con los valores democráticos y republicanos que fundamentan nuestra sociedad. La iniciativa no solo busca regular el uso de recursos públicos en concordancia con las leyes 25.188 y 26.215, sino también fomentar una cultura política más transparente y centrada en el servicio a la comunidad.
