Capturan a efectivos policiales en un auto robado en violento asalto

Un control policial de rutina en Moreno destapó un nuevo caso de corrupción en las fuerzas de seguridad bonaerenses. El pasado sábado, mientras la localidad se preparaba para un festival musical en la Plaza Buján, efectivos de la sección Motorizada Norte detectaron irregularidades en un vehículo que se detuvo para cargar combustible.

El automóvil, un Toyota Corolla negro, llamó la atención de los uniformados por carecer de patente trasera y mostrar signos de adulteración en la placa delantera. Al interceptarlo, descubrieron que sus tres ocupantes eran miembros de la fuerza policial: el sargento Emmanuel Salvatierra, su par Miguel Ángel Mareco y la oficial Máxima Brigitte Labordette.

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La verificación del rodado confirmó que había sido sustraído el 30 de agosto en Villa Zapiola, existiendo una causa activa en la UFI 7 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. El vehículo figuraba como producto de un robo a mano armada.

El historial delictivo de Salvatierra agrava la situación: el sargento se encontraba desafectado desde principios de octubre por un episodio similar en Ituzaingó, donde fue arrestado tras una persecución. Anteriormente, en julio, había protagonizado un incidente análogo en La Matanza, aunque en aquella ocasión la causa quedó caratulada como “averiguación de ilícito”.

Mareco, quien portaba su arma reglamentaria y prestaba servicios en la seccional cuarta de Tres de Febrero, fue desafectado por Asuntos Internos junto con Labordette. Esta última se encontraba de licencia por cuestiones psiquiátricas y compartía destino con Salvatierra en San Martín.

El fiscal Federico Soñora, titular de la UFI 4, imputó a los tres efectivos por “encubrimiento agravado con ánimo de lucro”. Durante la indagatoria, únicamente Labordette prestó declaración, alegando desconocer el origen ilícito del vehículo.

La fiscalía solicitará la continuidad de la detención ante el Juzgado de Garantías, presumiendo la existencia de una red delictiva más amplia. Soñora considera fundamental mantener a los imputados bajo custodia para evitar interferencias en la investigación en curso.