En un movimiento inesperado, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, tomó la decisión de despedir a Vicente Ventura Barreiro, su secretario de Seguridad. Según Bullrich, la medida se debió a la supuesta interferencia de Barreiro en un proceso de licitación de servicios de alimentación destinados al Servicio Penitenciario Federal.

“Le he solicitado la renuncia al secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, debido a su intento de interferir en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal”, anunció Bullrich a través de sus redes sociales. La ministra, en su publicación, destacó la gravedad del acto y la necesidad de tomar medidas inmediatas.

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Adicionalmente, Bullrich informó que ha formalizado una denuncia ante la Oficina Anticorrupción, dirigida por Alejandro Melik, para que se investigue el caso. “He presentado la correspondiente denuncia ante la Oficina Anticorrupción para que intervenga”, afirmó Bullrich, subrayando la importancia de mantener la transparencia en los procesos gubernamentales.

La ministra también señaló que esta licitación de servicios de alimentación es un proceso sin precedentes, ya que abre la participación a más de 300 empresas, rompiendo con un monopolio de muchos años en el cual solo competían alrededor de 15 empresas. “Esta licitación es inédita porque rompe con un monopolio histórico y permite la participación de más de 300 empresas”, agregó Bullrich.

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Vicente Ventura Barreiro, quien ocupaba un puesto clave al lado de Bullrich, había desempeñado anteriormente roles importantes en la administración pública. Durante la gestión de la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, Barreiro fue subsecretario de Planificación, Gestión y Evaluación del Ministerio de Seguridad de la provincia, secundando a Cristian Ritondo.

Además, Barreiro participó en la campaña de Ritondo para la gobernación bonaerense, la cual finalmente fue declinada para integrar el equipo de Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Con su destitución, se abre un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción y la búsqueda de mayor transparencia en las licitaciones públicas.