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“Toda la verdad para Facundo, juicio y castigo a los culpables y cómplices”

Desde la Coordinación de DDHH de la Municipalidad de Mercedes se redactó el repudio a toda forma de violencia institucional, exigiendo justicia por Facundo y acompañando a su madre, su familia y amigos en su dolor y declara que “NO QUEREMOS NINGÚN DESAPARECIDO MÁS EN DEMOCRACIA. JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES Y SUS CÓMPLICES”.

9 de Septiembre de 2020 • 11:48

En la Mañana del 2 de septiembre, las querellas de Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, joven que se encontraba desaparecido desde el 30 de abril del presente año, informaron que tras la audiencia realizada en forma remota durante esa misma mañana, la jueza federal María Gabriela Marrón confirmaba que el cotejo de ADN realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense con los restos encontrados el 15 de agosto pasado en un cangrejal de la zona de Villarino Viejo se correspondían con la identidad de Facundo.

En dicha audiencia estuvieron presentes además de la jueza, la madre de Facundo, sus abogados, representantes del EAAF, la Comisión Provincial por la Memoria, la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección de las Víctimas del Ministerio Público Fiscal y asesores.

Como es de público conocimiento, Facundo desapareció el 30 de abril, cuando partió de su casa en Pedro Luro, despidiéndose de su madre para emprender un viaje a dedo camino a Bahía Blanca para ver a su ex novia, a donde nunca llegaría. Tres testigos aseguraron haber visto a Facundo cuando era subido a un patrullero de la policía bonaerense.

Esa fue la última vez que fue visto von vida, su celular se apagó ese mismo día y no volvió a comunicarse ni hubo noticias de él hasta el hallazgo de su cuerpo y la confirmación de su ADN el 2 de septiembre. Tenía 22 años, era un joven comprometido que participó en años anteriores en el Programa Jóvenes y Memoria junto a sus compañeres y docentes de su escuela secundaria.

Desde un principio la familia denunció irregularidades en la investigación (que se inició como averiguación de paradero en la ayudantía fiscal de Villarino). Las contradicciones en las declaraciones de los policías llevaron a realizar una denuncia penal ante la justicia federal por desaparición forzada. Como caso de enorme gravedad institucional, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se presentó como querellante institucional y pidió que se apartara de inmediato a la policía de la causa que tramita en la justicia provincial.

Que fue visto en Mayor Bujatovich, en Teniente Origoni, que subió a una camioneta y partió rumbo a Bahía Blanca, que se fue caminando. La inconsistencia de los testimonios de los policías se suman a irregularidades tales como haberlo demorado en Bujatovich para infraccionarlo por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio y luego “dejarlo ir” sin haberlo devuelto a su domicilio, habiéndolo constatado, ni notificar a su familia sobre tal infracción.

Por otra parte, estos testimonios se conocieron el 19 de julio, es decir cincuenta días después de la desaparición de Facundo. También se pudo constatar que la ubicación de los policías que supuestamente lo habían demorado no era la misma que figuraba en las actas.

Pero quizás la peor de estas irregularidades se conoció cuando se supo que el 27 de julio tres vecinos de Pedro Luro llamaron a la Madre de Facundo para comunicarle que habían visto a su hijo el 30 de abril a las tres de la tarde, cuando era detenido por dos policías y subido a un patrullero en las cercanías del ingreso al Mayor Bujatovich, sobre Ruta Nacional N°3.

Los tres se presentaron para dar su testimonio en la comisaría de Pedro Luro, pero nunca fueron llamados a declarar. La consistencia de los testimonios de los vecinos frente a la inconsistencia de las declaraciones de los policías demuestra que en la causa se omitió la detención de Facundo. Por su parte, la madre denunció que su hijo era víctima de violencia policial desde hace tiempo, incluso identificó a uno de los policías agresores durante los rastrillajes, que se realizaban para desviar la investigación.

Los organismos de Derechos Humanos locales dieron conocimiento a la CPM, que como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura está facultada por la ley a realizar la denuncia por desaparición forzada de persona, un delito de carácter federal, exigiendo al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la fiscalía el cumplimiento de la Resolución 1930 y el apartamiento de la policía bonaerense de la causa por “averiguación de paradero.” Luego denunció el caso ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y se reunió con Cristina Castro, quien recibió además el apoyo de Nora Cortiñas.

En su nota al organismo internacional, la CPM manifestó que “según las declaraciones testimoniales de testigos, como así también las contradicciones en los relatos de los agentes policiales de la Policía de la Provincia de Buenos, se presume que esta fuerza estatal podría estar involucrada en la desaparición de Facundo”.

También pidió protección para los tres testigos claves de la causa. Los abogados de la familia, en tanto, pidieron el apartamiento del fiscal Ariel García Dimas, ya que por disposición de la Fiscalía General de Bahía Blanca, todos los casos en donde se encuentren implicados policías es de su propia jurisdicción y deben remitirse a ella, demostrándose otra irregularidad.

En respuesta a la nota de la CPM, la ONU solicitó al Estado Argentino una serie de medidas urgentes para dar con el paradero de Facundo. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pide llevar adelante una investigación independiente y brindar medidas cautelares para la protección a los testigos que declararen en la causa y cuyos testimonios fortalecen la hipótesis de la responsabilidad policial.

Por su parte y en el mismo sentido que la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una cautelar y ordenó al Estado argentino “adoptar todas las acciones necesarias para proteger la vida e integridad personal de Facundo Astudillo Castro, desaparecido luego de ser detenido en un retén policial.” El organismo internacional valoró las intervenciones de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires para reclamar que la policía bonaerense sea apartada de la investigación.

Ambo órganos estatales, a través de sus titulares Horacio Pietragala (Nación) y Matías Moreno (Provincia), expresaban su absoluto compromiso con la búsqueda e investigación de la desaparición forzada de Facundo, al tiempo que pusieron a disposición de la familia todos los recursos del Estado nacional y provincial: el despliegue del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación y las distintas fuerzas de seguridad federales, así como la actuación coordinada de las Direcciones de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

También se requirió el asesoramiento del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y se puso a disposición de la familia la asistencia del Programa Nacional de Protección a Testigos y el acompañamiento psico-social del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos 'Dr. Fernando Ulloa', dependiente de la Secretaría.

La CIDH consideró como elemento a tener en cuenta los anteriores actos de violencia y hostigamiento policial contra Facundo y advirtió sobre las expresiones amenazantes de un subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires contra el abogado de la familia, Luciano Peretto, cuando la fuerza ya había sido apartada de la investigación.

El 20 de agosto la CPM presentaba un hábeas corpus preventivo ante el Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca por amenazas reiteradas de la policía bonaerense contra Marcelo Gonzáles, ex cuñado de Facundo, que fue aceptado por la Jueza Marrón, quien dispuso una custodia de Prefectura para su familia. Pero a pesar de estas medidas y ante la persistencia de las amenazas policiales, la familia decidió mudarse de su casa de Mayor Bujatovich.

Meses antes, González había sido llevado de su casa a la comisaría sin orden judicial ni notificación previa alguna, ingresado a una habitación y sometido a un interrogatorio ilegal por cuatro sujetos vestidos de civil, donde recibió amenazas de muerte por ser testigo en la causa. Entretanto, patrulleros con las luces apagadas lo seguían en su rutina diaria, merodeaban su casa o se estacionaban frente a ella. Luego de su declaración en la causa comenzó a recibir mansajes y llamadas intimidatorias de teléfonos con identificación bloqueada, lo que lo llevó a tomar la decisión de mudarse para proteger a su familia.

A tres meses de la desaparición de Facundo se realizó un allanamiento a la comisaría de Teniente Origone, donde se encontró la primera prueba física, un souvenir de madera que la mamá reconoció como pertenencia de Facundo. El hallazgo se efectuó dentro de una bolsa de basura en un depósito dentro de la comisaría a través de un perro entrenado aportado por los peritos de parte.

Se trataba de un regalo de su abuela y su hermana tiene uno similar; una prueba objetiva de la presencia del joven en esa comisaría, cosa que nunca se informó en la causa y fue sistemáticamente negada por los efectivos de la fuerza. Otra prueba la constituyó la pericia a los teléfonos celulares secuestrados a los efectivos, donde se hallaron conversaciones que confirman que estos fueron los últimos en ver a Facundo con vida.

El 25 de agosto, el fiscal federal de la causa Santiago Ulpiano Martínez, recibió un informe de Asuntos Internos de la policía provincial que revelaba que el GPS del patrullero Toyota Ethios, vehículo perteneciente a la Unidad de Prevención de Policía Local de Bahía Blanca, secuestrado por su propia disposición, marcaba que habría circulado nueve días después de la desaparición de Facundo por el cangrejal donde fueron hallados sus restos.

Frente a la confirmación del hallazgo de los restos de Facundo Astudillo Castro, desde la Coordinación de DDHH de la Municipalidad de Mercedes manifestamos nuestro repudio a toda forma de violencia institucional, exigimos justicia por Facundo y acompañamos a su madre, su familia y amigos en su dolor y declaramos que NO QUEREMOS NINGÚN DESAPARECIDO MÁS EN DEMOCRACIA. JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES Y SUS CÓMPLICES.

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