Vecinos de un country de Pilar impidieron por la fuerza el ingreso de Lázaro Báez

Un nutrido grupo de vecinos del country Ayres del Pilar impidió que la camioneta del Servicio Penitenciario Federal que trasladaba al empresario patagónico Lázaro Báez hacia el domicilio que fijó para cumplir con el arresto domiciliario pudiera ingresar al predio.

El Tribunal Oral Federal 6, que le concedió el beneficio, resolvió que regrese a Ezeiza y este martes harán una conferencia por Zoom con los abogados para evaluar un nuevo domicilio. Los vecinos, en tanto, anunciaron que harán guardia con reemplazos cada dos horas para que no entre durante la madrugada.

Puede Interesarte:

Los Reyes Magos llegan a Estación Juego y renuevan la magia en Mercedes

Todo comenzó pasadas las 20:00, Báez llegó al country de Pilar arriba de una camioneta del SPF y cuando quiso ingresar, los vecinos se lo impidieron por la fuerza y la camioneta se tuvo que ir. Dio una vuelta y volvió a intentarlo, pero la secuencia terminó igual.

Cerca de las 21:00, y en el tercer intento, la camioneta pudo ingresar en medio de golpes de los vecinos. Sin embargo, una vez que pasó el ingreso, no pudo avanzar más de 100 metros. Adentro del barrio, los vecinos volvieron a ponerse adelante de la camioneta y le impidieron seguir.

Se sentaron adelante del vehículo e impidieron que siga su paso. Entre forcejeos e insultos, la camioneta intentó seguir y terminó con vidrios rotos. Algunos vecinos denunciaron que fueron atropellados. Durante más de una hora reinó el caos en la puerta del country.

Báez está detenido desde el 5 de abril de 2016 en Ezeiza, con los plazos máximos de la preventiva ampliamente superados, y está siendo juzgado por “la ruta del dinero K” y la causa de Vialidad. En el primer juicio, su defensa terminó su alegato y buscó despegar a los cuatro hijos del empresario diciendo que eran “víctimas de una persecución”.

El juicio podría tener sentencia antes de fin de año. La Fiscalía pidió que sea condenado a 12 años de cárcel y que pague una multa de $2.121 millones. También habrá decenas de bienes decomisados, siempre que haya condena.