El Ejecutivo nacional ha ratificado la extensión del bono extraordinario de $70.000 para los jubilados y pensionados durante el mes de octubre. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 861/2024, se implementará en conjunto con el incremento del 4,17% correspondiente a la fórmula de movilidad jubilatoria, que ajusta los haberes mensualmente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La decisión gubernamental busca mitigar parcialmente la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados frente a la creciente inflación. Este beneficio alcanzará a aproximadamente 3 millones de personas que perciben los haberes más bajos dentro del sistema previsional argentino.

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Según lo estipulado en la normativa, el bono extraordinario se otorgará a diversos grupos de beneficiarios. Entre ellos se encuentran los titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, incluidos aquellos bajo la Ley N° 24.241 y regímenes anteriores, así como los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor establecida por la Ley Nº 27.260. También se incluyen en este beneficio las personas que reciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más, y otras pensiones graciables gestionadas por la ANSES.

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Es importante destacar que el decreto específica que el pago adicional se realizará a aquellos titulares cuya suma total de haberes sea igual o inferior al monto mínimo previsional garantizado. Esta medida apunta a brindar un apoyo adicional a los sectores más vulnerables dentro del sistema jubilatorio.

La combinación del bono extraordinario con el aumento por movilidad representa un esfuerzo por parte del Gobierno para mantener el poder adquisitivo de los jubilados en un contexto económico desafiante. Sin embargo, expertos en seguridad social señalan que estas medidas, aunque necesarias, son paliativas y no resuelven los problemas estructurales del sistema previsional argentino.

El anuncio ha sido recibido con cautela por las asociaciones de jubilados, que si bien agradecen el alivio inmediato, continúan reclamando una reforma integral del sistema que garantice la sustentabilidad a largo plazo y una mejora real en la calidad de vida de los adultos mayores.