En un hecho que ha indignado a la opinión pública, el cura Julio César Grassi, condenado desde 2009 a 15 años de prisión por delitos de abuso sexual infantil agravado, condena que fue confirmada recién en 2017 por la Corte Suprema de la Nación, presentó un pedido de “liberación anticipada” que será revisado el próximo jueves 22 de agosto por el Tribunal de lo Criminal N°1 de Morón.

Grassi, quien se encuentra recluido desde hace 11 años, ha logrado obtener el título de abogado durante su estadía en la cárcel y ahora se representa a sí mismo en este controvertido trámite. La solicitud se basa en su supuesta “buena conducta” durante el cumplimiento de la condena.

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Vale recordar que el sacerdote, oriundo de Lomas de Zamora, fue hallado culpable en 2009 de dos hechos de abuso sexual y corrupción agravada de menores que formaban parte de la Fundación Felices los Niños, creada por él mismo. Tras varias apelaciones, en 2017, la Corte Suprema de la Nación confirmó la sentencia.

Ante este pedido de excarcelación, el abogado Juan Pablo Gallego, representante de las víctimas de abuso, se mostró profundamente preocupado. “Voy a exponer y alegar los motivos por los cuales Grassi no puede salir. En primer lugar porque el propio Código Penal establece que no es un beneficio que puedan pedir los delincuentes sexuales”, aseveró el letrado.

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Gallego también cuestionó que el tribunal haya abierto el incidente a prueba, solicitando una pericia psicológica a la cual el acusado se opuso. Además, denunció la existencia de “mucho cabildeo con el informe carcelario” para favorecer la liberación anticipada de Grassi.

El abogado de las víctimas remarcó la importancia de que esta audiencia se realice “a la luz del día, que no quede como algo clandestino”. En septiembre de 2023, Grassi ya había solicitado su libertad condicional, pedido que fue rechazado por no cumplir con la cantidad de años acordados por los jueces.

Este nuevo intento de excarcelación anticipada del cura condenado por abuso sexual infantil agravado ha generado un profundo rechazo y preocupación en la sociedad, que espera que la Justicia tome la decisión más acertada para proteger a las víctimas y hacer prevalecer el cumplimiento de la pena impuesta.