Clientes VIP de Clerici podrían quedar expuestos tras pedido de la UIF

La controversia legal en torno a Sofía Clerici, la modelo involucrada en la investigación por lavado de dinero que salpica al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumó un nuevo capítulo. La Unidad de Información Financiera (UIF), bajo la dirección de Ignacio Yacobucci, presentó una apelación contra la resolución del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora que le había permitido blanquear una suma significativa de dólares secuestrados.

Puede Interesarte:

Indignación en Mercedes: jóvenes fueron filmados dañando un auto estacionado

El director de Litigios Penales de la UIF, Mariano Abel Ezeyza, encabezó la impugnación argumentando que, independientemente de si la actividad declarada permite o no la emisión de facturas o el pago de impuestos, es imperativo demostrar la existencia real de las operaciones que generaron los fondos en cuestión. “Es fundamental esclarecer si las supuestas actividades de acompañante de viajes efectivamente ocurrieron y cuál fue el mecanismo de pago por estos servicios”, sostuvieron desde el organismo.

La decisión sobre este recurso de apelación recaerá ahora en la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que deberá evaluar los argumentos presentados contra el fallo del juez Ernesto Kreplak. Este magistrado había accedido inicialmente a la solicitud de Clerici, quien justificó el origen de los US$569.911 como ingresos derivados de su labor como “acompañante de viajes”, una actividad que, al no estar regulada, no permite la tributación convencional.

Puede Interesarte:

Inauguraron en Mercedes un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud destinado al cuidado materno-infantil

El caso ha ganado notoriedad pública por su conexión con la investigación más amplia que involucra a Martín Insaurralde, y pone de relieve los desafíos en la fiscalización de actividades económicas no reguladas y su potencial utilización para el lavado de activos. La resolución de la Cámara Federal podría sentar un precedente significativo sobre cómo se evalúan las declaraciones de ingresos provenientes de actividades no formalizadas en el marco de investigaciones por lavado de dinero.