Tras el escandalo el Gobierno prohíbe intermediarios en contratos de seguros públicos
Después de la controversia en Nación Seguros, el Ejecutivo veta intermediarios en acuerdos asegurativos estatales. La medida, dispuesta por Nicolás Posse, busca transparencia en contrataciones públicas.
El panorama gubernamental se agita tras el cimbronazo desatado por las revelaciones en torno a Nación Seguros. Una decisión drástica se despliega: el veto tajante a intermediarios en las transacciones asegurativas del Estado. Nicolás Posse, a través de una comunicación nocturna dirigida a los ministros, firma el enérgico decreto.
“Mediante este acto, se establece de manera categórica que las adquisiciones de pólizas de seguros en ámbito estatal deben realizarse sin intervención de agentes intermedios”, reza la breve misiva rubricada por Posse, obtenida en exclusiva por Infobae.
La disposición alcanza a una selecta lista de destinatarios, entre ellos, Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Andres Caputo, Mariano Cu´neo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo, Sandra Pettovello, Karina Milei, Javier Herrera Bravo y Eduardo Serenellini.
Los ecos del fin de semana aún resuenan en los pasillos del poder, con la destitución fulminante de dos figuras clave en Nación Seguros, desencadenada por la incisiva intervención judicial del magistrado Julián Ercolini. En el epicentro de la tormenta se hallan Mauro Tanos, ex gerente general vinculado a La Cámpora, y Marcos Eufemio, gerente de compras.
El punto de partida de la pesquisa judicial fue una llamativa camioneta Jeep, vinculada al empresario Alfredo Del Corro y, sorprendentemente, a Tanos, quien poseía una tarjeta de uso para el vehículo. El seguimiento meticuloso condujo a descubrimientos insospechados, como la asociación de Eufemio con la firma “SMART TECHNOLOGY SRL”, compartida con Del Corro, quien, pese a carecer de antecedentes en el rubro, parece haber desempeñado un rol de relevancia en la trama, según fuentes de Infobae.
El sábado, la mañana se tiñó de decisión política, cuando ambos funcionarios recibieron la contundente exigencia de renunciar, en un acto liderado por el presidente de Nación Seguros, Alfonso José Torres.
No obstante, la sombra de las irregularidades persiste, al no derogarse el decreto firmado por Alberto Fernández en 2021, que instaba a los organismos estatales a contratar directamente con el Estado, dejando margen para la intervención de intermediarios. Datos escalofriantes revelan que, en los primeros compases del año en curso, los corredores embolsaron la astronómica cifra de $239.961.680 en contratos con el Estado, según un informe de Nación Seguros remitido a la Justicia.
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La lupa investigativa se posa sobre firmas como Bachellier, liderando el ranking de comisiones en el anterior gobierno, seguida de cerca por Héctor Martínez Sosa, Castello Mercuri y las intermediarias de la póliza con la ANSES, San Ignacio y TG Broker.
El cerco judicial se estrecha en torno a estas entidades, con el congelamiento de sus activos y la apertura de sus registros fiscales y bancarios. Julián Ercolini, al frente de la causa, advierte indicios de que Bachellier podría ser un mero satélite de Martínez Sosa, señalando la modesta residencia de su supuesto domicilio legal como una disonancia en su vasta operatividad empresarial.
El telón se levanta, revelando un escenario más amplio de posible corrupción, con funcionarios y empresarios bajo escrutinio. La Justicia avanza, desenmarañando los hilos de una trama que amenaza con sacudir los cimientos del poder.
